El amparo colectivo presentado persigue paralizar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion impulsado por firmas británicas e israelíes, ante ausencia total de estudios sobre impacto ecológico y autorizaciones estatales correspondientes.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas radicaron una acción judicial preventiva de daño ambiental colectivo. La presentación exige la paralización total de las actividades hidrocarburíferas proyectadas en la plataforma continental argentina sin habilitación legal del Estado nacional.
En Río Grande, la jueza federal Mariel Borruto encabeza la tramitación del recurso interpuesto contra la británica Rockhopper Exploration y firmas asociadas. Conforme al expediente que evaluó este medio, la demanda apunta a los responsables directos de la construcción, diseño, instalación y operación comercial del emprendimiento energético.
Bajo el expediente FCR 13706/2026, la Secretaría Civil y Comercial 3 y la Fiscalía N° 134, a cargo del fiscal federal Marcelo A. Rapoport, intervienen formalmente en el litigio. La presentación persigue resguardar los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos adyacentes frente a la explotación ilegítima de recursos naturales.
La articulación institucional en Ushuaia y las medidas preventivas solicitadas
El 1 de septiembre de 2026, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, y el secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili, recibieron a los litigantes en la sede municipal. Los funcionarios coordinaron acciones conjuntas para respaldar los reclamos de soberanía y conservación ambiental frente al avance de las corporaciones internacionales.
El presidente de la asociación ambientalista, Enrique Viale, el director ejecutivo Lucas Micheoud y el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, miembro del equipo jurídico de la entidad de excombatientes, expusieron los fundamentos de la causa. Los letrados solicitaron medidas de no innovar para frenar los trabajos hasta tanto las operadoras acrediten estudios de impacto ecológico aprobados por autoridades argentinas.
En Ushuaia, el veterano de guerra Daniel Guzmán sumó su acompañamiento a la estrategia legal orientada a bloquear el desarrollo del proyecto petrolero León Marino. Las organizaciones advierten que las empresas operan amparadas únicamente en permisos emitidos por la administración colonial británica, desconociendo la legislación de la República Argentina. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
