Las dos centrales sindicales intimaron a la cartera laboral a reabrir la discusión salarial en 48 horas bajo apercibimiento judicial, tras calificar de nulo el incremento fijado por resolución ministerial.
La CTA de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma intimaron mediante carta documento a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para impugnar formalmente la Resolución 4/2026, acto administrativo que fijó el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Ambas centrales gremiales exigieron al Poder Ejecutivo retrotraer la medida y convocar a una reunión presencial del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, tras calificar el procedimiento oficial de irregular e insuficiente frente al costo de vida.
La impugnación jurídica sostiene que la normativa es “nula de nulidad absoluta e insanable” debido a la inobservancia deliberada de los mecanismos establecidos en la Ley 24.013. El texto gremial puntualiza que el Poder Ejecutivo no fundamentó los parámetros técnicos que justificaron los montos otorgados ni evaluó el marco constitucional que rige las remuneraciones básicas. Según la presentación remitida a la cartera laboral, la decisión gubernamental desestimó el impacto de la inflación acumulada y eludió los fines de protección salarial previstos por el marco normativo vigente.
El desfasaje entre los aumentos fijados y el costo de vida constituye el fundamento fáctico del reclamo. Los registros sectoriales consignan que, al corte de agosto de 2026, la inflación interanual alcanzó el 33,3%, mientras que la pauta del haber mínimo ascendió únicamente a un 16,96% durante el mismo intervalo. La presentación advierte que esa disparidad técnica profundiza la pérdida del poder de compra y sitúa el ingreso por debajo del costo de la Canasta Básica Total, afectando las condiciones materiales de los asalariados con menores percepciones.
El emplazamiento gremial cuestiona que la comisión tripartita haya operado bajo un esquema “meramente formal” para convalidar determinaciones unilaterales de la administración central. Las centrales sindicales exigieron un proceso de negociación colectiva transparente, dotado de debate sobre propuestas alternativas entre los sectores intervinientes. En consecuencia, fijaron un plazo perentorio de 48 horas para que la titular de la cartera ministerial efectivice la reapertura del cuerpo paritario, bajo apercibimiento de interponer demandas administrativas, litigios judiciales y presentaciones ante organismos internacionales de derechos laborales. (Agencia OPI Santa Cruz)
