Representantes mercantiles y de pequeñas empresas de la provincia calificaron el escenario como el más grave en dos décadas, alertaron sobre ejecuciones tributarias y pidieron una mesa de trabajo oficial urgente.
La Federación Económica de Santa Cruz y la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos declararon formalmente el estado de alerta para todo el arco mercantil provincial en septiembre de 2026. El pronunciamiento surgió tras un plenario celebrado en la capital provincial, donde directivos y comerciantes afirmaron que la actividad enfrenta el retroceso más pronunciado de los últimos veinte años debido al desplome de las ventas, los aumentos tarifarios y la asfixia crediticia.
El diagnóstico sectorial expuso indicadores severos sobre el sobreendeudamiento que golpea a los hogares patagónicos. Con una morosidad del 23,8% relevada por el Instituto Argentina Grande sobre estadísticas del Banco Central de la República Argentina, el territorio santacruceño quedó clasificado como el segundo distrito nacional con mayores atrasos en el cumplimiento de pagos. Este descalce financiero impacta en forma directa en la recaudación del mostrador e intensifica las pérdidas operativas cotidianas.
A las dificultades macroeconómicas se sumó el impacto del desempleo, focalizado en Río Gallegos, donde las entidades advirtieron que la desocupación en el sector privado formal se posiciona como la segunda más elevada de la Patagonia. El documento alertó además sobre un fenómeno de emigración poblacional ante la proliferación de propiedades en venta y alquiler desocupadas en diversas localidades de la geografía austral.
El impacto tributario y la creación de Santa Cruz Puede S.A.U.
Los representantes comerciales remarcaron que los embargos practicados por los organismos recaudadores sobre cuentas bancarias aceleran el cese definitivo de actividades en firmas históricas de la región. La falta de financiamiento bancario para capital de trabajo y las demoras en los cobros de aquellos establecimientos que operan como proveedores del Estado provincial profundizaron el cuadro de insolvencia.
El pronunciamiento incluyó un rechazo formal a la creación de la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U., a la que definieron como una estructura de competencia desleal patrocinada por el sector público. Los mercantiles argumentaron que dicha corporación compite sin requerimientos de rentabilidad frente a privados que deben tributar y asumir costos laborales crecientes.
El documento llevó las rúbricas de Guillermo Polke, Miriam Georgia, Cristina Aranda y Cecilia Castro por la conducción de la entidad federativa, junto a Leandro Fadul en representación del comercio riogalleguense. Al cierre del comunicado, el sector solicitó la apertura inmediata de una mesa técnica permanente con el Poder Ejecutivo y los municipios para consensuar medidas de mitigación. (Agencia OPI Santa Cruz)