(Por: Rubén Lasagno) – El 30 de septiembre de 2026, representantes de la provincia de Santa Cruz elevaron una contundente nota al Ministerio de Salud de la Nación alertando sobre graves irregularidades institucionales en el Hospital de Alta Complejidad de El Calafate.
La denuncia apunta contra la paralización del órgano de gobierno, un insólito proyecto para que el hospital administre el turismo en el Parque Nacional Los Glaciares y la permanencia de su presidenta, la Dra. Yamila Gentile, quien enfrenta un pedido de sumario urgente.
Según el documento dirigido al Ministro de Salud, Dr. Mario Iván Lugones, el Consejo de Administración del hospital no sesiona desde el 8 de julio de 2026. Los denunciantes, la Dra. Agustina Heredia Martínez y Sergio David Torres, advierten que la dirección de la institución se está manejando a través de resoluciones “ad referéndum“, una vía excepcional que ahora se utiliza de manera sostenida y reemplaza las decisiones del cuerpo colegiado. A esto se suma que los mandatos de dos representantes nacionales se encuentran vencidos sin que se hayan comunicado nuevas designaciones formales.
Uno de los puntos más controvertidos de la presentación es el desvío de la misión sanitaria de la institución. El texto revela que, el 22 de septiembre de 2026, la presidenta del Consejo presentó unilateralmente una propuesta ante la Administración de Parques Nacionales. El proyecto pretende que el hospital asuma, además de la cobertura de emergencias, la administración, el cobro y la rendición de los derechos de acceso turístico al Parque Nacional Los Glaciares. Asimismo, la iniciativa prevé que la institución sanitaria se haga cargo del mantenimiento de los sanitarios y del transporte interno de los visitantes.
Los representantes provinciales objetaron fuertemente que esta medida no fue tratada ni aprobada por el Consejo. Advirtieron, además, sobre el grave costo de oportunidad que implicaría, ya que afectaría recursos críticos y limitados como la tesorería, los sistemas, la facturación y el personal, desviando al hospital de su misión exclusivamente médico-asistencial hacia una operatoria turística y comercial.
El conflicto se profundiza aún más por la situación administrativa de la propia Dra. Gentile. El documento señala que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) constató que la funcionaria fue declarada cesante de la Administración Pública de Santa Cruz en septiembre de 2025, pero aún así continúa presidiendo el SAMIC. Frente a esta supuesta irregularidad, la PIA instó a la apertura de un sumario administrativo de carácter urgente.
Para evitar la desnaturalización del Ente, los firmantes pidieron la intervención de las autoridades nacionales. Solicitaron que se restablezcan de inmediato las sesiones ordinarias del Consejo, que se evalúe la legalidad de las decisiones tomadas de forma unilateral y que se emita un informe prioritario sobre el avance del sumario contra la actual presidenta.
La mano y la “idea” de Guzmán
Si bien los firmantes de la nota atribuyen la responsabilidad de esta iniciativa de manera exclusiva a la Presidenta del Consejo de Administración del Hospital, la Dra.Yamila Gentile, señalando que fue ella quien presentó la propuesta ante la Administración de Parques Nacionales el 22 de septiembre de 2026 de forma unilateral y sin tratamiento previo del cuerpo colegiado, la verdad es que esa propuesta nace de una idea del diputado nacional (LLA) por Santa Cruz Jairo Guzmán.
El controvertido legislador libertario ha dicho públicamente que es la mejor forma de que el hospital SAMIC se financie, dado que la provincia a través de Santa Cruz Puede SAU “fue un desastre”, lo cual es cierto pero de ninguna manera puede ser motivo o excusa para cambiar el objetivo y diversificar una actividad tan puntual y específica como la sanitaria que tiene un hospital de esa complejidad, con otra diametralmente opuesta como es administrar el turismo.
Solo en la mente de una persona con escasos recursos intelectuales, limitado criterio técnico-administrativo de la cosa pública (lo demostró en su horrenda gestión ante el PAMI), puede concebir un proyecto de este tipo y esto obliga a exponer la profunda irracionalidad técnica y operativa de la iniciativa. Si un legislador impulsa este proyecto, convalida una flagrante incompatibilidad de funciones que desvirtúa la finalidad puramente sanitaria para la cual fue creado el Ente hospitalario.
El argumento de que esta medida busca meramente “recaudar fondos” para mejorar la situación económica del hospital choca de frente con la dilapidación de recursos críticos que provocaría. Un hospital de alta complejidad está estructurado y concebido para la asistencia médica, las emergencias y la atención especializada. Asignar la tesorería, la facturación, los sistemas informáticos y la capacidad directiva del SAMIC a una operatoria comercial vinculada al turismo, como la percepción de derechos de acceso, el mantenimiento de baños públicos y el transporte de visitantes, implica un desvío inaceptable de su capacidad de gestión. Cada empleado administrativo, directivo o contable que se dedique a rendir ingresos turísticos es un recurso de tiempo y estructura que se le resta a la red de salud. Y absorber personal es ampliar una estructura incompatible con la función sanitaria.
La excusa recaudatoria esgrimida por Jairo Guzmán es insostenible en la administración pública. La necesidad de financiamiento de un centro de salud no justifica transformarlo en un ente recaudador turístico, redefiniendo sus prioridades institucionales y asumiendo riesgos operativos completamente ajenos a la medicina.
Del ridículo no se vuelve
Para dimensionar la ridiculez de semejante propuesta, basta con invertir la lógica mediante un ejemplo análogo. Es tan absurdo la idea del diputado libertario, como proponer que la Dirección Nacional de Vialidad, un ente eminentemente técnico e infraestructural, asuma la administración de los quirófanos, la gestión de camas de terapia intensiva y la compra de insumos oncológicos del hospital, bajo la excusa de que su experiencia en el cobro de peajes en las rutas les permitirá “recaudar fondos extra” para comprar asfalto. O imaginar al personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) administrando la guardia pediátrica para financiar sus investigaciones sobre semillas.
Forzar a una institución de alta complejidad a operar fuera de su ámbito de conocimiento no es una solución económica innovadora; es una improvisación que pone en riesgo el cumplimiento de su misión sanitaria y degrada el funcionamiento del sistema de salud pública.
Solo en la mente de alguien con cero idea de administrar un recurso tan específico como la salud, puede generarse una iniciativa tan absurda, incoherente y estúpida como la planteada para que el hospital SAMIC obtenga recursos para su funcionamiento, cuando es su obligación como diputado nacional pelear, discutir y exigir ante su patrona (Karina Milei) recursos genuinos para la función sanitaria de alta complejidad del SAMIC y no convertirlo es un cocoliche administrativo mediante esa idea trasnochada de asignarle a la administración de un hospital, funciones de turismo, llegando a argumentar de manera absolutamente demencial, que “como el SAMIC asiste con sus ambulancias a Parques Nacionales, “está en tema” y puede cobrar el ingreso al mismo, sin problemas” (¿?)
Con este nivel de legisladores, Santa Cruz está condenada a 50 años más de ostracismo y deterioro institucional y nos aseguramos otros tantos de marginalidad institucional y de representación, sin ninguna duda. (Agencia OPI Santa Cruz)