El Palacio de Hacienda expone el proyecto de Presupuesto 2027 mientras el oficialismo busca 129 votos para el quorúm ante el condicionamiento del 70% del gasto rígido y los reclamos por obras en las provincias.
La Cámara de Diputados de la Nación inicia formalmente el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La administración oficialista busca defender la premisa de solvencia fiscal frente a un esquema donde el 70% de las erogaciones se encuentra comprometido en jubilaciones, transferencias asistenciales y compromisos ineludibles del Estado.
El bloque de La Libertad Avanza dispone de 95 bancas propias y requiere reunir un mínimo de 129 diputados para habilitar el cuórum parlamentario en el recinto. Ante esa brecha numérica, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza negociaciones con los mandatarios provinciales para destrabar reclamos por transferencias a las cajas jubilatorias, fondos para infraestructura territorial y los pedidos de partidas para universidades nacionales fijadas en $7,3 billones.
En el arranque del debate legislativo, el diputado opositor Germán Martínez vaticinó una “semana caliente” tras objetar los esquemas de privatizaciones y advertir sobre las tensiones distributivas. Dentro de las demandas provinciales y parlamentarias sobresale además el financiamiento asistencial a la discapacidad, cuyo costo fiscal proyectado asciende a $600.000 millones según las estimaciones preliminares evaluadas entre los bloques.
El esquema previsional y la congelación de los bonos complementarios
El programa de erogaciones para la seguridad social concentra $102 billones destinados al pago regular de haberes, pensiones directas y beneficios no contributivos. La asignación correspondiente al pago de bonos extraordinarios quedó tasada en $3,9 billones, un volumen semejante al del período previo que convalida la continuidad del adicional de $70.000 sin ajustes nominales para el ejercicio fiscal proyectado.
Las estimaciones elaboradas por la Oficina de Presupuesto del Congreso indican que los pagos previsionales básicos absorberán $98,1 billones, lo que implica una recomposición real del 5,7%. El informe técnico del organismo parlamentario anticipa una reducción del padrón pasivo: la cantidad total de jubilados, retirados y pensionados descendería de 9,20 millones a 9,12 millones, registrando una baja neta de 79.000 titulares.
Las coberturas vinculadas a asignaciones familiares dispondrán de una partida global de $14,4 billones, guarismo que refleja una suba en términos reales del 2,5%. La cápita mensual de beneficiarios prevé un leve incremento poblacional, pasando de un promedio de 4,33 millones a 4,35 millones de asignaciones por hijo, mientras que los restantes planes asistenciales concentrarán $9,1 billones con un repunte interanual del 37,1%.
Variables macroeconómicas y compromisos de deuda externa
El cálculo consolidado de erogaciones generales asciende a $216 billones, cifra que supone una variación del 25,3% frente a una recaudación proyectada en $219,3 billones derivada de aportes impositivos y cargas a la seguridad social. La pauta técnica oficial estipula una tasa de inflación anual del 21,3% y sitúa la cotización de la divisa estadounidense en $1.847 para el cierre de diciembre, con un promedio cambiario anualizado de $1.728.
El destino final de las partidas prioriza los servicios sociales con un desembolso proyectado de $150.913.491,9 millones, en tanto que los pagos por servicios de la deuda pública absorberán $18.609.176,1 millones. El plan oficial sitúa las expectativas de actividad económica general en una expansión del 3,4% para el consumo de las familias y un avance moderado del 0,6% para el gasto público estatal.
El calendario acordado en el Congreso proyecta rondas informativas hasta los primeros días de noviembre con la meta de firmar dictamen de comisión y remitir la iniciativa al Senado antes del cierre del ejercicio ordinario. (Agencia OPI Santa Cruz)