El Gobierno presentará en el Congreso un proyecto de ley que busca fomentar las inversiones en pequeñas y medianas empresas (pymes) mediante un esquema de beneficios fiscales y laborales. La iniciativa responde a demandas de diversos sectores, incluidas propuestas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), así como de pymes del interior del país.
El proyecto establece incentivos específicos para inversiones incrementales, que abarcan desde USD 150.000 hasta USD 30 millones, y otorga facilidades como la amortización acelerada de bienes en el impuesto a las ganancias, la devolución anticipada del IVA en un plazo reducido de tres meses y la desgravación de derechos de exportación para bienes industriales. También incluye un bono fiscal para empresas que contraten trabajadores provenientes del sector público nacional, provincial y municipal, excluyendo a funcionarios públicos.
En el ámbito laboral, se prevé una reducción de hasta el 60% en las contribuciones patronales durante el primer año para los empleos incrementales, disminuyendo al 50% en el segundo año. Este esquema busca estimular la creación de nuevos puestos de trabajo y modernizar el sector, especialmente en áreas como maquinaria agrícola y sistemas de riego, que se perfilan como principales beneficiarios.
El proyecto contempla también medidas específicas para el sector agroindustrial, como la reducción del IVA aplicado a sistemas de riego agrícola del 27% al 10,5%, la postergación del pago de impuestos sobre la venta de ganado y beneficios para inversiones en infraestructura como mallas antigranizo. Además, incluye incentivos para exportaciones incrementales, exención de derechos de importación para bienes de capital e insumos y acceso gradual a divisas provenientes de exportaciones.
El titular de la Cámara Argentina del Acero, Martín Berardi, respaldó la necesidad de incentivos para las pymes, pero advirtió sobre el impacto de las importaciones desleales en la industria local. Propuso la implementación de aranceles y salvaguardas para proteger a las empresas nacionales, además de restringir la exportación de chatarra, insumo clave para el sector siderúrgico debido a su papel en la reducción de emisiones y sostenibilidad ambiental.
Con una proyección de estabilidad fiscal de 30 años, la iniciativa busca garantizar un marco previsible para las inversiones. Entre otros puntos, se actualizan regímenes promocionales y se derogan normativas como el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven, mientras se avanza en la digitalización de trámites relacionados con el sector productivo. (Agencia OPI Santa Cruz)
