La Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético oficializó mediante la Disposición 2/2026 los criterios restrictivos para acceder a la asistencia estatal en las facturas de servicios públicos. El nuevo esquema, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), unifica bajo una misma vara a la electricidad, el gas natural y el gas propano, imponiendo un techo de ingresos y una auditoría de bienes que promete achicar significativamente la base de beneficiarios.
Para mantenerse dentro del sistema o solicitar el ingreso al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), los usuarios deberán superar una doble validación. La primera barrera es financiera: el grupo familiar debe demostrar ingresos netos totales inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un “Hogar 2”, según la medición del INDEC. Sin embargo, declarar ingresos bajos ya no será garantía de cobertura.
La autoridad de aplicación se reservó la facultad de ejecutar una “exteriorización patrimonial” para medir la verdadera capacidad de pago. A través del cruce de datos masivo con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otras bases oficiales, el Estado buscará inconsistencias entre lo declarado y lo poseído. Si el sistema detecta signos de riqueza en cualquier integrante del hogar, la solicitud será rechazada automáticamente, independientemente de que el recibo de sueldo cumpla con el tope de las canastas básicas.
Los bienes que excluyen al usuario del beneficio estatal
La lupa fiscalizadora se posará sobre los activos físicos. La normativa detalla taxativamente qué bienes suntuarios o de capital dejan al usuario fuera de la asistencia, eliminando la posibilidad de subsidiar a sectores con capacidad de ahorro en “ladrillos” o vehículos.
Quedarán excluidos del sistema los hogares que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones patrimoniales:
- Integrantes que posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años (excepto si hay un titular con Certificado Único de Discapacidad).
- Grupos familiares que acumulen la titularidad de tres o más inmuebles.
- Tenencia de una embarcación de lujo o una aeronave por parte de cualquier miembro.
- Posesión de activos societarios.
El sistema migrará inicialmente los datos del viejo esquema RASE, pero la validación será continua y georreferenciada para evitar fraudes en las declaraciones juradas. Quienes posean Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o un Certificado Único de Discapacidad (CUD) tendrán una vía de acceso diferenciada, aunque seguirán bajo el radar de la evaluación de necesidad económica. El objetivo técnico es claro: depurar el padrón y trasladar el costo real de la energía a quien demuestre, por flujo o por stock, capacidad de pago. (Agencia OPI Santa Cruz)