(OPI Chubut) – El Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) se declaró en estado de alerta y movilización tras el anuncio de un incremento superior al 100% en el canon pesquero del langostino. La medida, impulsada por el Ejecutivo provincial a través de la Resolución 0476/25 de la Agencia de Recaudación del Chubut (ARECH), eleva el valor del canon de $1200 a $3000,13 por kilo con carácter retroactivo al 1 de diciembre de 2025. Jorge Maldonado, secretario regional del gremio en Rawson, advirtió que esta suba impacta de forma directa y negativa sobre los salarios de los trabajadores embarcados, quienes deben costear por convenio el 50% de dicho canon, afectando la rentabilidad de la labor pesquera en el litoral chubutense.
La dirigencia gremial denunció que el incremento del canon responde a un desmanejo de los fondos públicos por parte de la administración provincial para cubrir contingencias legales de una empresa privada. Según el planteo de SICONARA y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), la provincia de Chubut pretende utilizar la recaudación adicional para financiar las indemnizaciones de trabajadores mal desvinculados de la firma Red Chamber S.A. Los sindicatos calificaron de irracional que el Estado provincial asuma deudas que ascienden a cientos de millones de pesos y que luego intente trasladar ese costo operativo y judicial al bolsillo de los marineros mediante la actualización de tasas impositivas.
El conflicto escaló al plano nacional con la intervención de Mariano Vilar, secretario general de SICONARA, quien vinculó la decisión recaudatoria con el alineamiento político del gobernador de Chubut en favor de las reformas laborales promovidas desde el Poder Ejecutivo Nacional. Vilar sostuvo que en un contexto donde el mandatario provincial apoya flexibilizaciones normativas, no resulta sorpresivo que el trabajador vuelva a ser la variable de ajuste para compensar deficiencias en la gestión económica y acuerdos con sectores empresarios. El dirigente gremial anticipó que el sector realizará todas las gestiones necesarias para frenar tanto la aplicación del aumento retroactivo como el avance de cualquier reforma que vulnere derechos adquiridos.
Ante la falta de respuestas y la inminencia de la aplicación de la resolución de ARECH, SICONARA y el SOMU evalúan el inicio de medidas de acción directa que podrían paralizar la actividad en los puertos de la provincia. La tensión central radica en la transferencia de una carga financiera millonaria, originada en un conflicto laboral externo, hacia la masa salarial de los conductores y obreros navales. La resolución del conflicto queda supeditada a la revisión de la medida impositiva por parte de la Agencia de Recaudación y a la aclaración de las responsabilidades fiscales del Estado en torno a la situación de la pesquera Red Chamber S.A. (Agencia OPI Chubut)
