La Secretaría de Estado Fiscalización y Control Ambiental de Santa Cruz, incumple su función. Aún no se iniciaron las tareas para hacer el inventario del pasivo ambiental en el GSJ

(Por: Rubén Lasagno) – En OPI estamos desarrollando desde hace tiempo una interesante investigación sobre el pasivo ambiental de zona norte que dejó YPF, alrededor del cual hay muchos discursos, anuncios y fondos que todos promocionan y nadie ve los progresos. De hecho, las reuniones pactadas de Claudio Vidal con las petroleras que se llevan a cabo en estos días, es parte de todo ese relato que está en los papeles y salta a los medios de “la cadena de la alegría”, pero cuando ingresamos a la letra chica y vemos las acciones concretas, revisando documentación (leyes, decretos, convenios) y lo comparamos con el hecho fáctico (tareas de campo), nos encontramos que nada o muy poco de lo que se dice y escribe, se traslada a la realidad de Santa Cruz.

Te puede interesar: El pasivo ambiental que deja YPF y CGG se ve desde el espacio, son cientos de “basurales petroleros” creados en toda zona norte, que nadie paga ni controla

Gastón Farías, Secretario de Estado de Fiscalización y Control Ambiental, área recientemente creada en cumplimiento a la Ley 3885 y que posee como función velar por la preservación de del equilibrio ecológico en los sistemas naturales afectados por las actividades petroleras y mineras, según describe el organismo en la autodefinición de sus objetivos, es el responsable primario de que en estos momentos y a pesar de los anuncios  oficiales realizados en el mes de noviembre 2025, aún no se haya iniciado las tareas de evaluación, fiscalización e inventario del pasivo ambiental de zona norte.

Cabe recordar que el Acuerdo petrolero nunca pasó por la Cámara de Diputados y es la propia YPF quien contrató a la FIUBA para los trabajos ambientales que como dijimos en otro informe anterior, existen constancias de que la petrolera estatal para estos casos encarga los relevamiento a la empresa mendocina “Fundación Cricyt” envuelta en acciones irregulares en informes de auditorías ambientales de YPF en la provincia cuyana. Por otro lado, esto destaca uno de los casos más inexplicables que ha generado el gobierno provincial al darle la tarea de auto-auditarse a la propia YPF, sobre los pasivos que la misma empresa dejó en zona norte.

Te puede interesar: La FIUBA ¿Pantalla del Informe Técnico Ambiental de YPF?

Lo cierto es que hasta el momento y desde noviembre del 2025 que se hizo el anuncio, los trabajos para la realización del inventario ambiental no han comenzado y si bien el plazo aún no ha expirado (fue establecido en 6 meses) lo cual se cumple en el mes de mayo/junio del 2026, la aprobación del inventario de ese pasivo ambiental deberá llevar la firma del Secretario de Fiscalización y Control Ambiental de la provincia Gastón Farías, responsable directo de que los trabajos se realicen, se hagan en tiempo y forma y se lleven a cabo de manera responsables y como responsable debería decir por qué aún no se llevaron a cabo.

Uno de los objetivos que tenía el gobernador Vidal y que se los expuso a las operadoras que ingresaron al plan de licitación de áreas maduras abandonadas por YPF, es que éstas se hicieran cargo de la remediación ambiental, rechazado de plano por las petroleras porque nunca fue parte de los acuerdos previos ni se encontraba establecido en los pliegos. Sin duda, el gobernador pretendía sacarle de encima a YPF gran parte del costo operativo que demandan los trabajos que aún no se ha hecho en zona norte, por parte de la estatal petrolera y del gobierno.

“Esta maniobra del gobernador Vidal pretendiendo que las empresas que ingresaban se hicieran cargo de remediar el desastre de YPF fue rechazado de plano por las operadoras. Eso demanda una fortuna y no les corresponde a ellas porque cuando licitaron las áreas nunca estuvo entre las condiciones el tema de los pasivos ambientales que es problema de YPF y el gobierno”, le confió a OPI una fuente del Ministerio de Energía de la provincia.

Esto es lo que incumplió YPF con la complicidad del gobierno provincial

El marco legal de exigencias establecidos en el “INVENTARIO DE PASIVOS AMBIENTALES DE YPF SA” al cual accedimos y analizamos, se basa principalmente en la Ley 3117 (que rige las concesiones otorgadas por la provincia) Reglamentado el 5 de octubre de 2011 y la Ley 3122 (Programa de Saneamiento Ambiental aplicable a todas las operadoras), las cuales son complementarias. El Decreto 2306 y la Disposición 119-SMA-12 detallan con precisión las tareas de remediación que la empresa debe inventariar y ejecutar, tal como vamos a indicar a continuación para que se conozca públicamente la obligación que tuvieron y tienen por ley pero que en la práctica han incumplido sistemáticamente, sin que operara el compromiso y la obligación de YPF ni la ejecución de los mecanismos legales correspondientes por parte de la provincia de Santa Cruz, que hoy vemos cómo busca diluir las responsabilidades, intenta cargar a otros las obligaciones  asumidas y monta un relato que busca confundir a la opinión pública.

Entre los puntos fundamentales del Inventario de Pasivos (Ley 3117) figuran los siguientes ítems donde se precisa con total objetividad lo que están obligado a hacer en cada caso (y no han hecho en años). Esos contenidos los hemos simplificado para no extender el informe y aquí los referenciamos.

Tierras empetroladas. Se debe localizar, georreferenciar y medir (cubicar) el volumen de los montículos de tierra contaminada en los yacimientos para su traslado a repositorios habilitados. También se debe registrar la tierra contaminada que aún no ha sido tratada en los repositorios existentes.

Piletas ocultas o mal saneadas. Existen piletas mal remediadas que fueron ocultadas mediante excavaciones en las locaciones (especialmente en la zona oeste, donde son más profundas). Deben ser buscadas con maquinaria pesada ya que los sistemas geoeléctricos resultaron ineficientes para detectar hidrocarburos subterráneos.

Canteras. Es obligatorio relevar las canteras existentes e incluirlas en el inventario para que sean abandonadas de forma correcta.

Tratamiento en repositorios. Los suelos contaminados que ya están acopiados en repositorios habilitados deben ser tratados obligatoriamente.

Residuos peligrosos y “Bolsas rojas”. Existen miles de contenedores acopiados en sitios no permitidos con residuos de perforación, fondos de tanques, aceites y PCBs. Deben ser contabilizados y enviados a plantas de tratamiento dentro del territorio provincial. Las tierras empetroladas por derrames y los residuos conocidos como “bolsas rojas” también deben ir a recintos específicos.

Sitios Contaminados y Acuíferos

Existen áreas con contaminación en el suelo o los acuíferos debido a pérdidas en plantas de tratamiento e instalaciones de petróleo o gas.

YPF no cumplió en su totalidad con el plan de monitoreo (freatímetros o piezómetros) del Acuífero Patagoniano donde sí existen pozos de monitoreo, se deben realizar muestreos rigurosos.

Integridad de los Pozos

Se requiere información detallada (estado, coordenadas, profundidad, protección del acuífero) de los pozos inactivos o en abandono temporal.

Los pozos inyectores de recuperación secundaria representan un alto riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. Se debe chequear su integridad (caños rotos, estado del cemento, pérdidas) utilizando tecnología específica para evitar que actúen como pasivos ambientales.

Estado de los ductos. La empresa debe declarar los ductos que están fuera de servicio para retirarlos y evaluar la integridad de los que están en uso mediante pruebas de hermeticidad y medición de espesores, previniendo incidentes por corrosión y derrames.

Auditoría de Tanques. Las auditorías técnicas en Santa Cruz exigen que los tanques sean vaciados y limpiados, y que los residuos del fondo sean tratados. Esto determina si el tanque aún tiene vida útil, si debe ser reparado o si debe ser desguazado.

Requisitos de la Ley 3122 (Disposición SMA 119/12)

Esta normativa es la columna vertebral del saneamiento y crea el REPROPA (Registro Provincial de Pasivos Ambientales) y a través de sus anexos, exige un abordaje integral que incluye:

• Un detalle minucioso de qué constituye un pasivo ambiental, dividido en 17 incisos.
• Procedimientos para liberar sitios que ya fueron saneados.
• Planes obligatorios de revegetación de las zonas afectadas.
• Saneamiento estricto y preservación de acuíferos y aguas superficiales.
• Limpieza de la superficie de los yacimientos, recuperación de tuberías (aéreas o subterráneas) que estén fuera de servicio y la racionalización de los caminos utilizados por la industria.

No se ponen colorados

El gobernador Claudio Vidal y el Presidente de YPF Horacio Marín no dudan en engañar a la opinión pública a través de la colaboración rentada que tienen de los medios que no preguntan, no repreguntan y no ahondan en los verdaderos problemas que tenemos en la provincia por desidia, abandono, incumplimiento de la ley y la corrupción empresaria y estatal, que ha permitido por décadas la degradación, contaminación y destrucción del ambiente en zona norte.

Respecto de este tema precisamente, el diario La Opinión Austral resume declaraciones de Marín y Vidal y respecto de los pasivos ambientales dejados por la estatal, dice el diario:

En paralelo, otro de los ejes abordados fue la remediación ambiental en la zona norte de la provincia, un tema sensible tanto para la industria como para la comunidad. “Lo mencionó el señor gobernador, trabajamos para hacerlo de manera transparente y cumplir con la ley. YPF y el gobierno de Santa Cruz contratamos a la Universidad de Buenos Aires para que sea una tercera parte, que está en los últimos detalles y cuando salga el informe YPF lo va a hacer”.

En esa línea, el titular de la petrolera destacó una decisión que busca marcar un precedente en el sector. “Es la primera compañía que decide cuando deja unas áreas, tomar y sacar los pasivos ambientales”.

Mienten

Ratificamos la información que dimos al inicio de este informe: a cinco meses (de los seis de plazo) que se instruyó para verificar el pasivo ambiental con los correspondientes trabajos de campo a fin de realizar el inventario correspondiente exigido por ley, los mismos (al 9 de abril 2026) no se han iniciado y en el próximo informe daremos precisiones de este proceso que no se ha puesto en marcha y que autoridades y la empresa difunden como si en realidad estuviera ocurriendo.

Allí daremos detalles técnicos, logísticos, legales, documentales y proyectivos que no se han instrumentado pero es parte del relato oficial y si accedemos a la documentación respectiva, difundiremos las cláusulas de los convenios que están bajo reserva y testimonios de gente que conoce en detalles todos los procesos, porque poseen amplio conocimiento de la actividad, la ley y especialmente, de la trayectoria de YPF en la Cuenca del Golfo San Jorge. (Agencia OPI Santa Cruz)