(Por: Rubén Lasagno) – “Milei no está loco, se hace el loco para empatar con Trump, copia el estilo pero no tiene poder, es impostado”, me dijo hace más de un mes atrás un reconocido y prestigioso colega de la prensa nacional con quien solemos conversar regularmente sobre temas de orden político nacional y provincial.
Y la frase contiene un simbolismo extraordinario que dibuja con exacta centralidad la personalidad sobre la cual Javier Milei construyó/construye su poder y básicamente centraliza su discurso.
El jefe de LLA imita la forma de hablar y actuar del mandatario estadounidense, pero carece de los recursos, el mando o la autoridad institucional real para hacer la verdadera diferencia ante la opinión pública. En política, el “loco” connota al outsider, al disruptivo que viene a romper el status quo (la casta), pero el hecho de que “se hace” le quita el atributo de irracionalidad impredecible y lo reduce a un estratega mediático a quien ya le encontramos “la vuelta” de cómo actúa y cuál es la intencionalidad que tiene. Un amigo psicólogo que no lo votó por ser de una corriente política opositora los describió como alguien que convierte “una supuesta patología en una herramienta de marketing calculada” aunque de acuerdo a su evaluación su impostura va perdiendo fuerza en base.
Objetivamente Javier Milei es un actor político débil que utiliza el histrionismo como cortina de humo, eso está suficientemente claro. Sin duda la estridencia y la agresividad del presidente no son producto de una convicción feroz ni de un desequilibrio genuino, sino un disfraz cuidadosamente copiado del éxito internacional de Donald Trump y el objetivo de este disfraz es disimular una realidad política precaria que oculta su falta de músculo institucional, legislativo y territorial para gobernar en base a su propio criterio.
Es, en resumen, la denuncia de un liderazgo de ficción, como insinuó mi amigo periodista de la prensa nacional que no pertenece al “aula magna” de la Casa Rosada, con el agravante de que los defectos internos de corrupción hacen más contrastantes esos problemas entre el discurso y la realidad, tal como resulta del caso Adornis, ANDIS, Cripto moneda, solo por nombrar los más remontantes que contraponen su mensaje “moral” (transformado en moralina) con la práctica inmoral de su gobierno.
El capítulo de la prensa
Otra vez y ya son incontables las manifestaciones de Milei contra la prensa, el presidente volvió a encender su disgusto con el periodismo; obviamente con el que no es su edecán ni son sus ensobrados, sino con aquel que por ideología, posicionamiento político o libertad para opinar, es crítico a su gobierno y difunde e investiga la corrupción de su administración.
“Aquí basura inmunda de nuevo mintiendo. Obviamente estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable“, reproduce LPO declaraciones del presidente Milei refiriéndose a la nota del periodista Liotti de La Nación y luego reproduce una información en la cual Luis Majul fue el intermediario que llevó a Fernán Seguier a un almuerzo con Milei en la Quinta de Olivos y lo primero que hizo el presidente fue sacar una lista con el nombre de los periodistas que Seguier debía echar del diario. Allí se pudrió todo, el Editor de La Nación, se enojó y el almuerzo no se hizo.
Ahora, informa el sitio, el gobierno está tras un proyecto de ley para obligar a los periodistas a presentar una Declaración Jurada como es la obligación que tienen los funcionarios públicos.
El periodismo independiente es una actividad civil, comercial y profesional resguardada por el ámbito privado. El Estado ya tiene las herramientas para investigar enriquecimientos ilícitos o lavado de dinero en el ámbito privado (a través de la Justicia, la AFIP o la UIF) si existe la sospecha de un delito. Que Milei exija la publicidad patrimonial por defecto a los periodistas es visto por constitucionalistas y asociaciones de prensa como un intento de intimidación estatal más que como una política de transparencia real y se contradice claramente con los “principio” libertarios que a las pruebas me remito, no son libertarios ni creen en la libertad, precisamente.
Desde la perspectiva del derecho y de la libertad de prensa, exigir una declaración jurada patrimonial de carácter público a un ciudadano que ejerce el periodismo en el ámbito privado genera una fricción directa con los límites del Estado.
De acuerdo a las consultas que he realizado con un abogad constitucionalista la naturaleza jurídica de la declaración jurada patrimonial está atada a la administración de los recursos del Estado.
Al funcionario público se le exige total transparencia patrimonial (antes, durante y después de su gestión) porque administra el dinero de los impuestos, licita obras, audita presupuestos y toma decisiones sobre el patrimonio del país o la provincia. El Estado y los ciudadanos, en cambio, son “sus jefes”.
Al dirigir o trabajar en un medio de comunicación privado, el capital y el riesgo del periodista son propios. De acuerdo al derecho, las finanzas de una empresa periodística están sujetas al control fiscal normal de cualquier entidad privada (AFIP), pero no a la exposición pública obligatoria de sus directores o redactores, porque no manejan fondos del erario público.
Por lo tanto, obligar a un privado a exponer su patrimonio público bajo las mismas reglas que un Ministro o un Gobernador, como intentaría hacer el presidente argentino con un proyecto de ley, desvirtúa el concepto de rendición de cuentas, igualando a quien investiga y audita al poder con quien ejerce el poder.
No va a prosperar
Un proyecto de esta magnitud choca de frente contra varios derechos consagrados y difícilmente la mayoría quiera inmolarse tras esta decisión que más allá de Milei, trascendería las fronteras políticas.
Este engendro que prevé Milei está en contra de derecho a la intimidad, dispuesto en el Art 19 de la Constitución Nacional, “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. El patrimonio personal de un ciudadano que no es funcionario entra en esta esfera de privacidad.
La libertad de expresión y empresa consagrada en el Art 14 de imponer cargas administrativas excepcionales, como una declaración jurada pública, a una sola profesión civil puede ser interpretado como un mecanismo de hostigamiento o censura indirecta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos suele fallar en contra de legislaciones que imponen requisitos desproporcionados para ejercer el periodismo.
Y finalmente una medida de este tipo infringe directamente el Principio de Igualdad. Si un periodista debe presentar una declaración jurada pública por “influir en la opinión pública“, nos preguntamos ¿Debería hacerlo también un influencer, un escritor, un sacerdote o el dueño de una empresa de encuestas? La ley se volvería arbitraria.
Por lo tanto las bravuconadas de Javier Milei el émulo discursivo de Trump, no tienen entidad y mucho menos tienen sobrevida sus proyectos arbitrarios y anti-libertarios como el que propone votar en el Congreso.
Más allá de lo que diga Milei y su círculo rojo, esta idea es solo una amenaza insustancial sostenida por la soberbia, la impunidad de la palabra (degradada a esta altura) y la impotencia de no poder arreglar ni controlar las voces críticas que desnudan, nos solo la corrupción de la moralina oficial, sino que van delineando y trascendiendo los grandes problemas de la Economía nacional que no se ventilan (o se ocultan) oficialmente. (Agencia OPI Santa Cruz)
VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!! pero no para que los periodistas informen acerca de los actos de corrupción del gobierno