(OPI TdF) – La Justicia Civil dictó la nulidad del permiso corporativo por razones de interés público. Los diputados fueguinos auditan la extensa documentación sin lograr certificar la desconexión electrónica del equipamiento extranjero.
El legislador Pablo Villegas, presidente de la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura, evalúa el expediente contra la empresa LeoLabs instalada en Tolhuin. La firma británica apeló el fallo del juez Gustavo González e introdujo una reserva de caso federal para intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cinco mil fojas componen la prueba documental que auditan los funcionarios provinciales, conforme al expediente que evaluó este medio. El magistrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 2 del Distrito Judicial Sur dictó la nulidad de la habilitación por afectar intereses públicos y superó el pedido de disolución societaria de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Estancia El Relincho alberga la infraestructura física intacta del radar desde 2022. La comisión parlamentaria carece de informes técnicos fehacientes capaces de certificar la desconexión total del equipamiento aeroespacial. Los paneles conservan su emplazamiento original sin alteraciones comprobables en el terreno.
Septiembre marcará la fecha límite inicial para que la investigación legislativa emita un dictamen definitivo. Los representantes legales de la corporación tramitan un recurso de revisión administrativo ante la Jefatura de Gabinete de la Nación para revocar la prohibición operativa que dictó la Secretaría de Telecomunicaciones. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
