La resolución del tribunal oral aplicó condenas de ejecución condicional menores a tres años para exfuncionarios y apoderados, ordenó el decomiso de 206 millones de pesos y fijó la lectura de fundamentos para el 13 de noviembre.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 absolvió el 14 de septiembre de 2026 al exministro de Planificación Federal Julio De Vido en el juicio por el programa Sueños Compartidos. La resolución judicial dictada en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 impuso penas inferiores a los tres años de prisión condicional a exfuncionarios nacionales y apoderados de la entidad ejecutora, un día antes de que operara la prescripción de la acción penal calculada por la fiscalía.
Los jueces de cámara Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg condenaron a José López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación, y a Abel Fatala, exsubsecretario de la misma cartera, a la pena de dos años y nueve meses de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. El veredicto determinó la coautoría penal de ambos exintegrantes del gabinete nacional en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El fallo atribuyó responsabilidad criminal a Sergio Schoklender y Pablo Schoklender, exapoderados legales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, bajo la figura de partícipes necesarios en la maniobra de defraudación estatal. El primero recibió una condena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso, mientras que su hermano computó una sanción de dos años y cuatro meses bajo igual modalidad, eximiendo a ambos del cumplimiento efectivo de arresto carcelario.
Las sanciones resueltas por el tribunal se distanciaron del petitorio presentado por el fiscal Diego Velasco, quien requirió durante su alegato penas de seis años de prisión de cumplimiento efectivo para De Vido, López, Fatala y ambos apoderados. El pronunciamiento de los magistrados dictó además la absolución libre de cargo penal para Carlos Castellano, exdirector del área de Planificación Federal, para el exasesor técnico Daniel Freidin, y para los exfuncionarios provinciales Daniel Nasif y Karina Nasif, representantes del distrito de Santiago del Estero.
El decomiso patrimonial ordenado por el Tribunal Oral Federal 5
Al inicio formal de la audiencia de veredicto, el colegiado rechazó las excepciones procesales deducidas por las defensas técnicas, que procuraban extinguir la causa por violación de la garantía del plazo razonable. Los jueces desestimaron los recursos de prescripción penal extintiva y las nulidades promovidas contra los alegatos acusatorios, ratificando la validez procesal de la acusación pública previa al dictado de la sentencia.
En materia patrimonial, los magistrados ordenaron por mayoría el decomiso de los activos cautelados en la causa hasta cubrir la suma de $206.438.454,05, correspondiente al quebranto provocado al erario. La cifra cuantifica las transferencias del Estado nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo destinadas originalmente a edificar viviendas sociales que terminaron desviadas hacia fines particulares ajenos al programa habitacional.
El dictamen dispuso que dicho monto nominal sufrirá un reajuste económico integral en la etapa de ejecución de sentencia, una vez que la resolución judicial alcance fuerza ejecutoria tras las apelaciones en Casación. El expediente comprobó que la ejecución de obras bajo el convenio federal operó entre los años 2005 y 2011 mediante adjudicaciones directas sin licitación pública previa, sumando sobreprecios documentados en los certificados de avance de obra.
El proceso judicial iniciado en marzo de 2026 completará su trámite administrativo tras la fijación de audiencia establecida por la jueza Adriana Palliotti para el 13 de noviembre de 2026 a las 17:00 horas. En esa instancia procesal en los tribunales de Retiro, el cuerpo judicial dará lectura a los fundamentos integrales que sustentan las condenas de ejecución condicional y los sobreseimientos definitivos de la causa. (Agencia OPI Santa Cruz)
