La justicia penal emitió el fallo por los desvíos de fondos y pagos ilegales en la ampliación de infraestructuras energéticas del año 2004. El exministro del área acumula una nueva sentencia judicial, mientras la mayoría de los corporativos implicados evitarán la cárcel.
Los jueces del Tribunal Oral Federal Nro. 4 condenaron el 13 de julio de 2026 a los exfuncionarios Julio de Vido y José López a cinco años de prisión. El fallo penal inhabilitó perpetuamente a los ex dirigentes para ejercer cargos públicos por cobrar sobornos y cometer administración fraudulenta contra el Estado nacional.
La causa judicial probó el esquema de coimas desplegado por la constructora sueca en el año 2004 para adjudicarse la ampliación de dos gasoductos. La organización delictiva funcionó mediante el uso de facturas falsas emitidas por más de 20 empresas fantasma, las cuales simulaban la prestación de servicios inexistentes para encubrir el movimiento del dinero físico.
El debate oral que finalizó con la lectura de este veredicto comenzó en el año 2024 con 30 personas acusadas de integrar la asociación ilícita y defraudar al erario público. La decisión judicial absolvió a 17 imputados y estableció distintas escalas penales probadas para los trece ejecutivos e intermediarios restantes involucrados en las maniobras documentadas.
¿Qué penas recibieron los directivos de la constructora sueca?
El tribunal federal condenó a cuatro años de prisión a Mario Piantoni, ex máximo responsable regional de la compañía; a Gustavo Vago, expresidente de la firma en Argentina; y a Javier Azcárate, exgerente comercial.
Por su nivel de participación jerárquica en los hechos, los ex directivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba recibieron sentencias de tres años de ejecución condicional.
¿Cómo se descubrió el mecanismo de facturación falsa?
La pieza documental que desarticuló la maniobra financiera fue una grabación generada por la propia estructura corporativa privada. En ese registro de audio de la constructora multinacional, un ejecutivo reconoció explícitamente haber efectuado el pago de retornos de dinero a cambio de asegurarse las adjudicaciones de las obras.
El expediente Skanska representa la primera gran investigación patrimonial sobre los fondos de infraestructura pública durante la gestión Kirchnerista iniciada en el mandato del año 2003. La demora de más de dos décadas en alcanzar una condena expone el volumen de los plazos que manejan las auditorías por delitos contra el Estado.
Esta nueva sanción penal impuesta al ex ministro se suma a su situación procesal previa, agravando su condición legal. En noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una condena a cuatro años de prisión por considerarlo partícipe necesario de la administración fraudulenta que derivó en la tragedia ferroviaria de Once. (Agencia OPI Santa Cruz)