El acuerdo financiero de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional acelera la transición hacia el Precio de Paridad de Importación bajo la vigencia de un estado de excepción por 90 días ante amenazas de bloqueos.
Un incremento inmediato del 83 % en el valor del carburante rige en Bolivia tras la anulación formal de la subvención estatal dispuesta por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. La medida elevó la tarifa del diésel de 9,80 a 17,95 bolivianos por litro (una variación de 1 a 1,83 dólares), de acuerdo con los términos expuestos por el jefe de Estado en una cadena nacional transmitida recientemente.
Durante su mensaje oficial, el mandatario justificó la cancelación del beneficio público ante el oneroso costo para las cuentas fiscales y el drenaje de carburantes mediante el contrabando. Asimismo, afirmó que el esquema tarifario garantizará la continuidad del suministro interno y argumentó: “Desde ahora el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprar afuera”.
El Senado aprueba crédito del FMI y el Ejecutivo adelanta metas
La determinación cobró vigencia legal horas después de que el Senado aprobara un convenio de financiación por 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicho programa crediticio tiene como destino respaldar el plan de estabilización económica y fortalecer las reservas internacionales del país.
El cronograma pactado con el organismo multilateral contemplaba el cese de las subvenciones a los combustibles recién a partir de 2027, pero el Gobierno anticipó la quita de forma exclusiva para el diésel. La administración central resolvió mantener sin modificaciones el régimen tarifario vigente para la gasolina.
El nuevo esquema sustituye el precio fijo mediante la aplicación del Precio de Paridad de Importación (PPI). Este mecanismo incorpora los costos del combustible importado, transporte, almacenamiento, financiamiento, tributos fiscales y otros gastos logísticos asociados a la distribución.
Representantes de transportistas y organizaciones sociales manifestaron su rechazo a la medida ante las alzas previstas en los costos del transporte, la agricultura y diversas actividades productivas. Los sectores gremiales advirtieron sobre la convocatoria a movilizaciones y el bloqueo de carreteras en distintas zonas del territorio.
Despliegue de seguridad en el eje Cochabamba y Oruro
Efectivos de la Policía y personal militar se apostaron en puntos estratégicos de la carretera que une Cochabamba con Oruro, con controles focalizados en Suticollo y Parotani para asegurar el tránsito vehicular entre el oriente y el occidente boliviano. La movilización de tropas coincide con la vigencia de la prórroga por 90 días del estado de excepción avalada esta semana por la Asamblea Legislativa tras bloqueos previos y una prolongada crisis de abastecimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)