08:20 – Desde el miércoles próximo, para residir en la Argentina deberán acreditar 10 años sin antecedentes penales
Por: Jaime Rosemberg
A partir del próximo miércoles, aquellos ciudadanos extranjeros que inicien su trámite de radicación en el país deberán acreditar no haber tenido antecedentes penales en la última década.
Así lo informaron ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , y el titular de Migraciones, Horacio “Totó” García, quienes en la Casa Rosada afirmaron que la disposición va en línea con la decisión de “cerrar las puertas al crimen organizado y a delincuentes de cualquier lugar del mundo”.
Según anticipó LA NACION en su edición de ayer, el objetivo del Gobierno es contrarrestar los últimos casos de inseguridad en los que estuvieron involucrados extranjeros y morigerar lo que en Balcarce 50 califican de “descontrol migratorio”, del que responsabilizan al gobierno anterior.
“La idea va en el mismo sentido del entrecruzamiento de datos con Interpol, el control de los pasajeros que llegan mediante las líneas aéreas y la deportación de los extranjeros que delinquen. Queremos reciprocidad con el resto del mundo”, afirmaron a LA NACION fuentes de Migraciones luego del anuncio oficial, llevado a cabo en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada.
Frigerio afirmó allí que “la Argentina se hizo grande a partir de la inmigración”, y destacó que “casi 700.000 extranjeros se radicaron en los últimos tres años, todo un récord”, un dato que contrapesó con un aumento del “800 por ciento” de expulsiones de extranjeros que delinquen con relación al gobierno kirchnerista. En diálogo posterior con LA NACION, García explicó que se buscarán “acuerdos de reciprocidad”, comenzando por los países limítrofes, que concentran el 80 por ciento de los extranjeros que vienen a radicarse en el país. “La idea es que nos pongamos en línea con los países cercanos y tengamos una posición en común”, dijo el titular de Migraciones.
Reciprocidad
Con relación a los acuerdos de “reciprocidad” en lo que se refiere a la atención de salud -que motivó una reciente y dura polémica entre el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales-, Frigerio sostuvo que “la salud y la educación son aranceladas en el país, porque las pagamos todos con nuestros impuestos”, y que la potestad de cobrar a extranjeros por la atención en hospitales del país “es de las provincias”.
Si bien la disposición no tendrá efecto retroactivo -es decir, aquellos que obtuvieron su radicación sobre la base de las reglas vigentes, que solicitaban un certificado de buena conducta de los últimos tres años-, García destacó que se revisarán “las radicaciones de aquellos ciudadanos que no hayan dicho la verdad” y ocultado de algún modo un pasado delictivo. También aclaró que casarse con un argentino o argentina para no ser deportado “está dentro de lo legal, pero ese derecho cede frente a la comisión de un delito”, afirmó el funcionario.
El caso del colombiano Jair Jurado fue clave para acelerar las medidas de control. Luego de siete meses en el país, al que ingresó sin restricción alguna a pesar de tener causas pendientes en su país, fue deportado luego de una polémica con la Justicia porteña, que en un principio lo había liberado por “tentativa de robo”. La idea -deslizaban en el Gobierno- es evitar que estos casos se repitan. (La Nación)
