Las consecuencias del parate de la actividad económica en el marco de la pandemia del COVID-19 tuvieron un fuerte impacto negativo en la recaudación impositiva y en el reparto de los recursos que perciben los municipios de Santa Cruz.
En un escenario donde el gobierno de Alicia Kirchner una vez más preanuncia que intentará discutir una nueva ley de coparticipación provincial con los municipios, la necesidad de incrementar la distribución primaria de recursos por parte de las administraciones municipales sigue vigente.
En este contexto de caída de ingresos, el mes de mayo de 2020 registró una fuerte disminución en la coparticipación provincial distribuida para los 15 municipios y las 5 comisiones de fomento al registrar una merma interanual en términos nominales del 16,6 por ciento.
La caída en términos reales es peor aún si se cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que registró un nivel interanual del 43,4%.
Es decir, los ingresos para los municipios tuvieron un rojo de más de 100,7 millones de pesos comparando mayo de 2019 vs mayo de 2020.
La actual distribución de recursos a los municipios se rige por la ley provincial 1.494, modificada por la ley 2.401.
Allí señala que corresponderá a los municipios y comisiones de fomento un 11% de los ingresos por Coparticipación Federal de Impuestos, un 40% de los ingresos de Impuestos provinciales (previamente se deduce el 20% del total destinado a un Fondo Especial para la efectiva intransferibilidad de la Caja de Previsión Social) y, el 7% de la percepción de las Regalías Hidrocarburíferas.
En mayo de 2019 se giraron a los municipios recursos coparticipables por todo concepto por un total de 606,7 millones de pesos frente a los 506 millones de pesos de mayo de 2020.
La mayor disminución se registró por la caída de la recaudación que percibe la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) -cuyo mayor recurso son los Ingresos Brutos – y liquidación de las regalías hidrocarburíferas.
La recaudación de la ASIP cae de manera escalonada desde enero y en mayo fue de poco más de 811 millones pesos frente a los 1.020 millones de pesos de abril de este año, producto de la caída de la actividad económica en medio de la pandemia del coronavirus.
La coparticipación a los municipios de los recursos de origen provincial en mayo fue de 254 millones frente a los 326 millones de abril, lo cual representó una reducción del 22 por ciento, unos 72 millones de pesos menos.
A su vez, la caída de los precios internacionales del petróleo sumado a una producción hidrocarburífera que se mantuvo medianamente estable, produjeron un cimbronazo en los ingresos por regalías.
Desde que se inició el año, el total de recursos provenientes de las regalías de petróleo y gas que recibieron los municipios oscilaron entre los 66 a los 79,5 millones de pesos, pero en mayo la caída fue estrepitosa y se repartieron tan sólo 25,8 millones de pesos.
Con el acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias productoras de fijar un “barril criollo” a 45 dólares, se prevé que en junio se recuperen los ingresos en concepto de regalías.
Ante estos indicadores, la administración de Alicia Kirchner negoció con el gobierno nacional y alcanzó un acuerdo para obtener un crédito a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial por 3 mil millones de pesos para afrontar la caída de recursos.
Mientras que el vicegobernador Eugenio Quiroga adelantó que en las próximas semanas se iniciará una negociación con los municipios y comisiones de fomento para discutir una nueva ley de coparticipación provincial.
Si el gobierno cumple con sus intenciones alzadas a viva voz, la discusión llegará a la Cámara de Diputados provincial, donde ya hay proyectos en comisiones y se verá qué rol desempeñará cada diputado por el pueblo en la puja entre lo que reclama el gobierno municipal y lo que quiere ceder o no el gobierno provincial.
No exenta de tensiones y peleas por el reparto de la torta de ingresos, el gobierno provincial insistirá con la idea de ampliar la distribución primaria para otorgar a los municipios mayores recursos y al mismo tiempo quiere garantizar un mecanismo de retención de la coparticipación de los aportes patronales y personales que las administraciones municipales deban girar a las cajas de Previsión Social y de Servicios Sociales. (Agencia OPI Santa Cruz)
