(OPI Chubut) – Presunto abuso de autoridad, violaciones a los deberes de funcionario público e incluso administración fraudulenta, son los argumentos de las denuncias penales contra el titular de la cartera de Gobierno, José Grazzini, de Seguridad Federico Massoni y de Salud, Fabián Puratich. En esta rueda también la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola por defraudación al estado.
La demanda fue promovida por ciudadanos de Comodoro Rivadavia y acusan a los funcionarios mencionados por las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria, al advertirse que se incurrió en abuso de poder, dictado de normas que exceden las facultades de los acusados y presuntos actos ilegales en ejercicio de la función pública.
Un “palito” para todos
De acuerdo a la presentación realizada por los abogados Gastón Bordier y Cynthia Castro, el ministro de Gobierno, José Grazzini, fue señalado por no atender la orden de la jueza Mirta Moreno quien hizo lugar a un habeas corpus y determinó que se aplicara el protocolo nacional previsto en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, utilizando un Decreto de emergencia que tenía vencidos los plazos para la realización de compras directas.
La denuncia toca también a los ministros Federico Massoni y Fabián Puratich, a quienes se les acusa de haber incurrido en actos ilegales por abuso de autoridad y arrogarse facultades que no les son propias.
En este caso, aun si el ministro de Salud hubiera actuado de buena fe, bajo la creencia de que la pandemia habilita toda excepcionalidad, no cabe la misma lógica de supuesto para el ministro Massoni, habida cuenta de que éste ostenta título de abogado y no puede desconocer que solo el Gobernador puede hacer uso de facultades excepcionales a través de la emisión de Decretos de Necesidad y Urgencias (DNU).
En el ámbito del Ministerio de Seguridad también hay otro señalado, el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal, Federico Pérez Mariani por presunto delito de “usurpación de autoridad, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, y requerimiento ilegal de la fuerza pública”, según el denunciante.
Si de mal proceder se habla, la denuncia asimismo cayó sobre la ex ministra Torres Otarola, por presunta administración fraudulenta, quien –además- ya está atravesando un proceso judicial por esa consigna. (Agencia OPI Chubut)
Aunque los ministros no sean abogados, hay pilas de leguleyos y asesores legales en los ministerios cobrando jugosos sueldos que deberían hacer su trabajo como corresponde…