Por: Gabriela Origlia
El congelamiento de tarifas resuelto en los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri y extendido, al menos para gas y electricidad, hasta el 31 de marzo por el de Alberto Fernández incide en el nivel de subsidios. También en la calidad de las prestaciones porque se resienten las inversiones. De hecho, los expertos estiman que ya no hay compensación de pérdidas de las empresas, lo que da paso a un proceso de descapitalización. Además, subsisten diferencias en la distribución de subsidios entre la zona metropolitana y el interior del país.
Un trabajo de los economistas Walter Cont, Fernando Navajas, Francisco Pizzi y Alberto Porto, de la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad Nacional de La Plata, analiza la evolución de precios y tarifas públicas (incluye todas) desde 2001 hasta octubre de este año. De ese análisis se desprende que hay una “profunda” caída en valores reales entre 2001 y 2015 y una recuperación entre 2016 y 2019, para luego disminuir este año.
El nivel de 2019 -después del ajuste- resulta similar al de 2007 e inferior al de 2001 en un 44%, y el de este año es parecido al de 2010 y 57% más bajo que en 2001. Repasa que en diciembre de 2015 la gestión de Cambiemos se enfrentó con la necesidad de revertir la política anterior como una de las formas de disminuir el impacto presupuestario de los subsidios y, a la vez, acercar los precios a niveles eficientes desde el punto de vista económico.
“El proceso no fue lineal ni pausado sino con fuertes turbulencias, originadas, por un lado, en la magnitud de las correcciones que debían hacerse y en la mala instrumentación del ajuste y, por otro, por la cantidad de actores con objetivos divergentes que participaron en el juego”, apunta Porto en su análisis.
A partir de los valores excepcionalmente bajos de diciembre 2015 los precios experimentaron un fuerte incremento hasta marzo/abril de 2019. El grupo que experimentó el mayor incremento de tarifas fue el de usuarios de menores ingresos (que es el que tuvo las mayores bajas en el período anterior), seguido por el de ingresos medios y el de más altos. “Si el nivel general para el grupo de menores ingresos se calcula considerando la tarifa social, el ajuste es el menor”, advierte.
Para los autores del trabajo, la dinámica muestra que, en determinados momentos, los políticos prefieren instrumentos “poco visibles de financiamiento”, como pueden ser impuestos generales, endeudamiento o disminución de gastos en bienes públicos “sin ponderar los costos”. En otros casos, los dirigentes se inclinan por la “irreversibilidad” de las políticas públicas -cuando el deterioro real de las tarifas debe ser revertido- por las reacciones en contra que provocan los ajustes.
Porto insiste en que la Argentina, en los últimos 75 años, realizó varios “experimentos” de controles tarifarios, combinando periodos largos de gran deterioro tarifario y ciclos de valores reales.
DIFERENCIAS
Desde 2001 hasta este año, el momento de más aumento de los subsidios fue entre 2006 y 2014, cuando se incrementaron más de cinco veces como porcentaje del PBI: en 2006 equivalían al 0,9% del Producto y al final del período rozaban el 5%. El sector eléctrico fue el más beneficiado, alcanzó a representar siete de cada diez pesos del total. Le siguió el transporte, con 1,2% del PBI.
Con la asunción de Cambiemos, los recursos destinados a subsidios comenzaron a recortarse hasta alcanzar 1,6% del PBI el año pasado, para volver a subir en el actual período. La distribución en el país no es equitativa; desde siempre el Interior recibe menos y por eso se pagan tarifas más altas. Aunque la brecha se achicó, nunca desapareció.
Por ejemplo, en 2016 en la región metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires) el porcentaje de la tarifa eléctrica subsidiada ascendía al 82%, mientras que en Santa Fe era del 35% y en Córdoba, el 31%. La dispersión tarifaria en el país es grande; hay diferencias hasta del 150% en lo que se paga, que es un combo integrado por el costo mayorista de la energía (ítem que es uniforme), el valor de la distribución (VAD) que es la diferencia clave, y la carga impositiva.
“El costo mayorista es el mismo para todo el país. Hasta hace un tiempo había variaciones en el costo del transporte de alta tensión, que se terminó de incluir en el ítem -explica Alejandro Einstoss, del Instituto General Mosconi-. El punto de conflicto es la distribución; en el AMBA, Edenor y Edesur, que dependen de Nación, tienen tarifas congeladas desde hace un año”.
Apunta que para las provincias rige el federalismo regulatorio y el mapa es muy diverso: “Técnicamente hay diferencias, porque no es igual dar el servicio que en donde en cinco manzanas se acumulan 10.000 usuarios que en Río Negro, donde hay que atravesar un desierto entre la costa y la cordillera. Esa es la base, pero lo más relevante es que las provincias no pueden sostener el congelamiento y aplican subas”.
Respecto del alcance de los subsidios en general, apunta que, en energía, el grueso cubre la brecha entre el costo de generar y el de vender, pero no abarca a las prestadoras del segundo eslabón, que afrontan costos crecientes atados a la inflación, lo que explica que las empresas “no pueden pagar los costos de operación, se financian dejando de pagar la energía que compran y menos tienen recursos para invertir. Hay un proceso de descapitalización de redes, lo que resiente la calidad”.
En el caso del transporte, el sistema de subsidios fue reemplazado por el Fondo de Compensación para el interior del país; este año se condicionó el reparto a que no hubiera aumento del boleto. Ese compromiso, por anuncios de algunas ciudades, se cortará en enero. En 2021 se distribuirán $20.500 millones en el Interior, frente a los $65.000 millones dispuestos para el AMBA. (La Nación)
