La Legislatura inaugura el periodo de sesión en el Club Boca Río Gallegos y pide identificar “debidamente” a cada periodista acreditado

El departamento de Prensa de la Cámara de Diputados de la provincia emitió un comunicado a todos los medios de la provincia, con motivo de la sesión preparatoria – inaugural de la Legislatura provincial, que, por razones no explicadas en el texto, se realizará en el Club Boca Río Gallegos, propiedad de la familia Báez.

El comunicado apunta especial y puntualmente a la acreditación y concurrencia del periodismo y surge del mismo una llamativa forma de enfocar la actividad de prensa en un organismo público y la manera en que trata al periodismo, como si se tratara de personas peligrosas o al menos, como si existiera la necesidad de “identificar y controlar” quiénes y cuántos ingresan a cubrir el acto.

“…solicito a Ustedes tengan a bien enviar a la mayor brevedad posible los datos de quienes realizarán la cobertura periodísticacorrespondiente…” dice el texto al inicio, remitiéndose a las gerencias de los medios. 

Dice luego “Estos datos serán recibidos en el formulario que adjuntamos hasta el viernes 25 de febrero inclusive, destacándose que el cumplimiento de este requerimiento es fundamental para facilitar el acceso al recinto, ya que resulta indispensable que cada periodista esté debidamente identificado”.

En general los periodistas del medio se conocen y reconocen, pero aún así, resulta extraño el uso de palabras como “fundamental”, “indispensable” y “debidamente identificado”, pretendiendo que la actividad de cualquier medio, por más grande o pequeño, constituyera un peligro inminente para la institución legislativa, cuando la asistencia a un evento de tal característica es un derecho propio y constitucional de todos y cada unos de los ciudadanosy de cualquier periodista del primero al último rincón de la provincia y el país, en virtud, no solo de sus derechos ciudadanos en democracia, sino en pleno derecho de la libertad de prensa.

Prosigue:“Esta solicitud se realiza por única vez, valiendo la acreditación para todo el año, por lo cual se solicita informar cambios para evitar inconvenientes posteriores”. Con esta aclaración el departamento de Prensa y Policía de la Cámara de Diputados, deja sentada la prohibición que tendrá la prensa que incumpla sus requisitos, para cubrir cualquier sesión de la Cámara.

Para reafirmar el sentido macartistadel departamento prensa de la Legislatura, el texto concluye “Vale destacar que esta Dirección de Prensa no otorgará permisos especiales, ni podrá interceder por aquellas personasque no hayan enviado sus datos en tiempo y forma”.

Finalmente tras informarle que internamente será clasificados por tipo de medios (gráficos, digitales, televisivos y/o radiales), les asignan un “corralito” desde donde (y no de otro lugar), los reporteros podrán tomar fotografías y realizar filmaciones.

Concluimos que tal como se encuentra redactado el comunicado y tras una pátina de “prolijidad” que pretenden aparentar, protocolizando el acto y buscando darle un perfil de orden y seriedad,  se cierne un sentido discriminatorio y confiscatorio de la libertad de prensa y cercena el ejercicio periodístico, por cuanto coarta y condiciona el ejercicio de la profesión, con vaya a saber qué intenciones, de lo cual se puede inferir desde una simple actitud autoritaria de quienes presiden el Cuerpo, una redacción defectuosa sin el cuidado necesario en el uso de las palabras y las expresiones, hasta de una insinuada amenaza que subyace en tantos condicionamientos.

Una respuesta de los medios sería no destacar periodistas para un acto que solo le interesa al gobierno provincial, quien de alguna manera se apropia del acto democrático, público y soberano propiedad del pueblo de Santa Cruz y no de alguna mayoría circunstancial, donde (al parecer) las minorías no han levantado la voz por esta actitud impropia de un Poder independiente del estado provincial.

Mientras el comunicado se llena de condicionamientos y requerimientos hacia los medios y periodistas que allí concurran, no dice una sola línea cómo es que para realizar el acto institucional se prescinda del recinto y se elija, precisamente, las instalaciones del club propiedad del socio y amigo de los Kirchner, Lázaro Baéz, quien cumple condena por corrupción con la complicidad de un ex presidente santacruceño y su esposa, la vicepresidente en funciones. Obvio, ninguno de los medios “acreditados”, se lo preguntará. (Agencia OPI Santa Cruz)