El repudio de los 500. Cuando el relato no alcanza y se necesita la presión, la negativa y las amenazas para sustituir la falta de argumentos

Un grupo de intendentes K del país firmaron un comunicado para apoyar a Cristina Fernández por el inminente pedido de condena que está por producirse en el alegato de la fiscalía, en la denominada “Causa Vialidad”, donde está probado el mecanismo de robo de fondos públicos a través de la obra pública.

Los firmantes son intendentes de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del estero, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz, quienes advierten al sistema judicial “como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.

Y alude a “la persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.

“Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”, dicen los firmantes y eluden referir a los intentos de reformular la justicia, precisamente, para evitar esta inminente condena a la jefa de la asociación ilícita.

En Santa Cruz son 16 los firmantes del documento

El intento es generar un “clamor” nacional a favor de la vicepresidente y fijar la idea de que existe una persecución judicial y política que busca proscribir a la viuda de Kirchner, de cara al 2023, sin embargo, quien la proscribe es la ética y la moral que durante sus gobiernos no supo, ni pudo ni quiso preservar. De hecho, sus gobiernos estuvieron atravesados por la corrupción y en esta causa, solamente, existen 3 toneladas de papel con documentación, facturas, declaraciones de testigos arrepentidos, conversaciones telefónicas, expedientes y peritajes que no van a ser respondidos técnicamente y solo se van a fundar argumentos políticos para tratar de contrarrestar las mismas.

Y esto constituye el “delito precedente” del cual se desprenden otros juicios, algunos de los cuales como Los Sauces y Hotesur, se esforzaron por cerrar.

Por este motivo no alcanzan las firmas de 500 intendentes, ni de diputados ni de militantes ni de cualquier militantes partidario de CFK; lo único válido son las contrapruebas que la defensa pueda aportar para rebatir las acusaciones.

Cristina Fernández y sus abogados saben que no tienen las armas para enfrentar tamaña acusación, si no es por medio de un ataque sistemático al sistema judicial, su cuestionamiento y un intento por desacreditar las pruebas, a los fiscales y jueces, como estrategia desesperada para alargar el juicio y evitar una condena, antes del lanzamiento de las elecciones 2023.

Pero esta vez es distinto. En el juicio la inocencia se demuestra con pruebas y ya no basta el relato y la impostura de la ex presidente o el reto a los jueces, sino aquellos datos concretos que tengan por finalidad diluir los argumentos de los fiscales. Cualquier acción de tipo psicológica sobre la población, es neutra y carente de efectividad, si no consiguen retrucar con contundencia, los elementos de juicio que durante 9 jornadas se expusieron en el juicio oral.

Podrán juntar un millón de firmas, sin embargo la justicia se basa en pruebas y el pueblo argentino está esperando con ansiedad que la justicia haga su trabajo y condene a la y los culpables de haber saqueado al país desde el poder y con total impunidad. (Agencia OPI Santa Cruz)