Según publica La Nación Presentó dos escritos en los que, además, recusó a los integrantes del máximo tribunal; los magistrados no tienen previsto reunirse por este asunto hasta febrero.
Por: Hernán Cappiello
El Gobierno, mediante dos escritos firmados por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió a la Corte Suprema que revoque su propio fallo en el que le ordenó al Estado Nacional restituirle fondos coparticipables a la Ciudad, y solicitó el apartamiento de todos los jueces del máximo tribunal.
El presidente Alberto Fernández cumplió, de esa forma, la decisión de enfrentar la decisión de la Corte Suprema e intentar separar a sus actuales integrantes, pese a las escasas probabilidades de que la respuesta prospere. El Presidente primero había amenzado con incumplir la orden judicial a favor de la Ciudad de Buenos Aires y la criticó duramente. Luego dijo que pediría que se revoque, como hizo finalmente este martes, pero que cumpliría la decisión pagando con bonos.
Los jueces de la Corte recibieron los escritos, pero no tienen previsto reunirse esta semana por el caso. Por lo tanto, el debate del asunto pasará al mes de febrero, cuando se reanude la actividad judicial, luego de la feria de enero, mes en el que permanecen cerrados los tribunales.
El escrito del Gobierno señala que en la decisión de la Corte Suprema sobre la medida cautelar se adelantó opinión sobre el fondo del caso. Además, argumentó que el fallo es “arbitrario” porque no se explicaron los motivos por los cuales se estableció la transferencia de un monto fijo del 2,95 por ciento de los fondos coparticipables de la Nación.
El Gobierno indicó, además, que el fallo no tuvo en cuenta que el pago no está previsto en el presupuesto por lo que el cumplimiento de la medidad “es de por sí inviable”. Y dijo que la Corte incurrió en un “exceso de atribuciones constitucionales”.
Zannini solicitó, además, que se informe de su presentación a la Ciudad para que opine y que luego se lo conceda con efecto suspensivo. Es decir, pese a las escasas probabilidades de que sea aceptado, el Gobierno reclamó a la Corte que suspenda su propia orden de transferir de manera diaria, a través del Banco Nación, unos 1100 millones de pesos a la administración porteña para restituir lo quitado.
El escrito de la revocatoria menciona los antecedentes de este tipo recursos y reclama que los jueces que lo resuelvan debe ser otros y no los actuales integrantes de la Corte. Además señala que la medida cautelar sobre la que resolvió la Corte prejuzga sobre las cuestiones de fondo.
“Mediante la sentencia del 21/12/2022 el Alto Tribunal concedió una ‘medida cautelar’ que, en rigor, no es tal; ello, en tanto lejos de constituir una medida precautoria destinada a evitar que se frustre el cumplimiento de una eventual sentencia futura, constituye un evidente anticipo de la decisión de fondo por haber adelantado y fijado criterios sobre la sustancia misma de la cuestión litigiosa”, dice el escrito.
Señala que la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre el monto de los recursos y no un porcentaje de coparticipación y que, al hacerlo, la Corte Suprema “ya ha juzgado, anticipadamente, sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa”. Además sostiene que al afirmar que el pago no afecta a las provincias está dando a entender el porcentaje que le corresponde a la Ciudad, lo que a su entender es un adelanto del fondo del caso.
Por eso, la Nación dijo que el fallo no es una medida cautelar sino una “una ejecución anticipada, en favor de la ciudad de Buenos Aires de una hipotética sentencia definitiva”.
Argumentó además que el fallo es “arbitrario” porque no responde a las objeciones que hizo la Nación. “Ni siquiera ha tratado mínimamente en este marco preliminar la defensa central del Estado Nacional que desacredita la supuesta verosimilitud del derecho invocado por la Ciudad”, esto es, que una cosa es el sistema de coparticipación y otra los mecanismos de compensación por transferencias de servicios, como el traspaso de la policía a la Ciudad.
“La Corte anticipa su criterio sobre el fondo: los gastos derivados del traspaso de funciones de seguridad deben ser atendidos, según el tribunal, en el marco del régimen de coparticipación. En concreto, mediante la modificación del porcentaje de coparticipación asignado a la CABA, desvinculado del costo real de los servicios transferidos, cuando en rigor este último es el parámetro que debería ser tomado a tales efectos”, dijo Zannini.
Fundó además la idea de que la sentencia es arbitraria en que la Corte no explicó como llegó a la cifra a transferir del 2,95 % de los fondos coparticipables, “La fijación de dicho porcentual no encuentra sustento en razonamiento alguno; no existe informe documentado en las presentes actuaciones, ni pericia producida -en esta etapa preliminar- que justifique la concesión de tal coeficiente”, dice el escrito.
Así las cosas, la Nación pidió que le concedan el recurso, pero otros jueces y no la actual integración de la Corte, “a fin de asegurar una revisión que preserve la objetividad del decisor, no influida por el juicio previo que ya ha adelantado este Tribunal” y que el fallo tenga efecto suspensivo de la sentencia dictada.
En su escrito de recusación, el Gobierno reiteró los argumentos mencionados sobre el prejuzgamiento en que habrían incurrido los jueces, según su lectura y dijo Zannini que deberían excusarse. “A fin de preservar la institucionalidad, el decoro y delicadeza que deben rodear la figura de los magistrados, se peticiona a los señores magistrados de este alto Tribunal que, de acuerdo a los máximos estándares internacionales en cuanto a la interpretación de la objetividad judicial, se excusen de seguir interviniendo en la Causa”, señala el texto.
En caso particular del juez Carlos Rosenkrantz señalaron que debería apartarse porque, antes de ser juez, fue abogado de la provincia de Santa Fe en otro caso, distinto de este, en el que se discutió el reparto de fondos coparticipables. (La Nación)
