Según publica Clarín Defendió junto al Grupo de Puebla a su amigo Marco Enriquez Ominami, que enfrenta un juicio por hechos de corrupción, diciendo que es “víctima del lawfare”.
Por: Natasha Niebieskikwiat
“Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo, una nueva modalidad de Lawfare”.
Así comienza el comunicado que emitió el Grupo de Pueblo y que firmaron Alberto Fernández y otras 38 personalidades iberoamericanas, entre las cuales es el único jefe de Estado. Este jueves, Antonia Urrejola, la canciller de Gabriel Boric, se quejó fuertemente del mismo. “Nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes”.
En las declaraciones a la televisión chilena, dijo que habló sobre esa carta con el embajador en Santiago, Rafael Bielsa, y con el ministro de justicia argentino, Martín Soria. Al considerarlas “absolutamente improcedentes” e “impropias” a esas declaraciones de Fernandez y Puebla, la ministra Urrejola remarcó que el gobierno de Boric respeta la autonomía y la independencia judicial.
Consultadas si esto afectaba los vínculos con Chile debido a otros episodios con el gobierno argentino, considero qué eran hechos “puntuales” y que las relaciones de su país con Argentina son “muy robustas”. Aseguro que “no afectan” la relación con este país.
Estos dichos fueron luego de que el Grupo de Puebla criticara fuertemente a la justicia de Chile, lo que despertado criticas en dicho país y pone al golpeado gobierno de Gabriel Boric en una situación incómoda.
El comunicado publicado que firman, entre otros, Evo Morales, Rafael Correa, Luis Rodríguez Zapatero en defensa del amigo y asesor del presidente argentino, Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial por el partido chileno País Progresista (PRO). Ominami enfrenta un juicio por corrupción junto a otras personalidades de otras tendencias políticas de la derecha chilena, aunque no son defendidas en el mismo comunicado.
“En Chile, desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”, dice el comunicado.
Y agrega que “fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”.
Las críticas del Grupo de Puebla son al juicio en sí mismo y a una supuesta dilación del mismo. Acaba de reactivarse y es por un caso por presuntos pagos irregulares a distintos figuras de la política de parte de una minera que controla el ex yerno del dictador Augusto Pinochet. Es la SQM, de ahí el nombre del “caso SQM”, que mantiene bajo proceso tanto a Ominami como al ex ministro de Economía, Pablo Longueira.
“Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo”, dice este grupo de dirigentes de mayor y menor envergadura regional. Fernández y su embajador, Rafael Bielsa, han tenido varios choques con el gobierno de Piñera y empieza a tenerlos con el de Boric.
El Grupo de Puebla ya ha defendido a Cristina Kirchner reiteradamente ante sus causas judiciales por hechos de corrupción y como ahora con Ominami, dice que es víctima de lawfare. De hecho, en febrero, el Grupo, inexplicablemente postergó dos veces una reunión que iba a hacer en el CCK para “cerrar filas para denunciar el lawfare contra Cristina Fernández”. Quieren hacerlo en marzo. El último comunicado va firmado también por el intimo amigo de la vicepresidenta, el juez español Baltazar Garzón.
En Chile, el senador UDI e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Iván Moreira le dijo al diario La Tercera que “lo más grave aquí no es la declaración del Grupo de Puebla, aquí lo más grave es la intervención política que hace el Presidente Fernández de Argentina y claramente es una intromisión en los asuntos internos de Chile y del Poder Judicial y del Ministerio Público”.
Y sumó: “Decirle al gobierno y a la Cancillería que queremos verlos pidiéndole explicaciones al Presidente Fernández de esta clara intromisión de los asuntos judiciales chilenos, eso no procede”, cerró.
“Decirle al gobierno y a la Cancillería que queremos verlos pidiéndole explicaciones al Presidente Fernández de esta clara intromisión de los asuntos judiciales chilenos, eso no procede”, dijo por su parte la diputada Sofía Cid (RN). (Clarín)
