La vicepresidenta Cristina Kirchner ha vuelto a solicitar la separación de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes son miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, en el caso en el cual fue condenada a seis años de prisión por fraude en la obra pública.
Estos dos jueces forman parte de la Sala IV del Tribunal, que actualmente está revisando la condena impuesta el año pasado a la exmandataria por otorgar contratos de obras públicas viales al empresario Lázaro Báez. El Tribunal debe decidir si confirma o revoca el veredicto.
Los abogados de la vicepresidenta, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, han apelado la decisión de los magistrados de rechazar de manera sumaria, sin analizar el asunto, un primer intento de apelación. Ahora, los abogados solicitan que otros jueces de Casación tomen una decisión al respecto.
La recusación de los jueces Hornos y Borinsky se basa en el argumento de que ya intervinieron en el caso anteriormente, lo que habría comprometido su imparcialidad, y también se señala la falta de independencia debido a sus visitas al entonces presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.
“Durante el transcurso del juicio también se hizo público que los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes actuaron como magistrados de alzada en este proceso y en prácticamente todos los expedientes en contra de nuestra representada a partir de diciembre de 2015, visitaban periódicamente la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien, según se informó, llevaban a cabo actividades sociales”, recordó la defensa.
Estos dos jueces, junto con Javier Carbajo, conforman el Tribunal y sin un plazo determinado, deberán decidir si confirman o anulan el veredicto, que actualmente es la única condena que pesa sobre la vicepresidenta, aunque existen otras causas pendientes en su contra.
En diciembre pasado, Cristina Kirchner fue condenada por el Tribunal Oral Federal 2 por administración fraudulenta en relación a los contratos de obras públicas viales que otorgó durante su gobierno al empresario Báez. La fiscalía solicitó a Casación que también la acusara de asociación ilícita, pero este cargo fue descartado durante el juicio. (Agencia OPI Santa Cruz/NA)
