El esquema fija desembolsos directos no reintegrables desde 350.000 dólares o bonos por 800.000 dólares para el solicitante principal, exigiendo pagos adicionales por cada integrante del grupo familiar para otorgar el pasaporte nacional.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentaron formalmente en la Embajada argentina en París el esquema estatal de venta de pasaportes denominado Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina. De acuerdo con la comunicación oficial preliminar, el sistema comenzará a recibir expedientes durante el cuarto trimestre de 2026 y establece como vía de acceso la transferencia de divisas hacia las arcas del Tesoro Nacional o la compra forzosa de deuda soberana emitida exclusivamente para esta operatoria.
La estructura arancelaria demanda un aporte a fondo perdido de 350.000 dólares para el postulante titular o la suscripción de un título público por 800.000 dólares. El paquete fiscal no cubre al núcleo de convivencia, por lo que la inclusión de cónyuges e hijos solteros de entre 18 y 25 años requiere un pago extra de 100.000 dólares por persona, mientras que las cargas de familia menores de 18 años tributan 25.000 dólares cada una, elevando a 500.000 dólares el costo de admisión para un matrimonio con dos hijos menores.
El Palacio de Hacienda justificó la recaudación extraordinaria bajo el argumento de consolidar la solvencia fiscal y el balance financiero nacional mediante divisas que deberán ingresar por el circuito bancario reglamentado. Pese al anuncio internacional formulado junto al embajador Ian Sielecki durante las actividades de la Argentina Week París, el despacho oficial no precisó las condiciones financieras del nuevo título público, omitiendo plazos de amortización, tasa de interés o moneda de liquidación del instrumento de deuda.
La fiscalización de los fondos estará centralizada en la flamante Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, entidad encargada de coordinar los dictámenes de la UIF, la SIDE y las carteras de Seguridad e Interior bajo los criterios antilavado del GAFI y la OCDE. El trámite administrativo concluirá en la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que retiene la potestad legal definitiva para convalidar o desestimar el otorgamiento de la ciudadanía argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)