La escalada de precios en el sector de la salud, especialmente en medicina prepaga, ha generado una situación asfixiante para los pacientes. Las empresas de medicina prepaga anunciaron un aumento acumulado del 76% en el primer bimestre del año, con un incremento del 40% en enero y un adicional del 26% en febrero.
Este aumento significativo se suma a la problemática de los copagos que muchos médicos han comenzado a aplicar, lo que agrava la situación económica de los pacientes. A pesar de este escenario, la mayoría de los pacientes se encuentra reticente a denunciar estos cobros adicionales por temor a represalias o para mantener una buena relación con sus médicos.
En paralelo, la Justicia se ha visto involucrada en esta problemática, con la Cámara Civil y Comercial Federal rechazando habilitar la feria judicial para tratar un amparo presentado por una jubilada contra los aumentos en las cuotas de su hospital de comunidad. La decisión de la justicia refleja la complejidad y la incertidumbre legal en torno a las medidas del gobierno de Javier Milei, que desregularon el sistema sanitario.
Los médicos, por su parte, argumentan que las prepagas aún no han trasladado los incrementos en las cuotas a sus honorarios y que los plazos de pago no se han ajustado. A pesar de recibir aumentos del 10% al 15%, muchos profesionales sostienen que estas subas son insuficientes para compensar el impacto de la inflación.
En este contexto, la salud privada se vuelve prohibitiva para vastos sectores de la sociedad, especialmente para aquellos que luchan por mantenerse en la clase media. La preocupación se centra en la falta de acceso a la atención médica para quienes optan por dar de baja la medicina privada y depender del sistema público, ya afectado por sus propias limitaciones.
Este escenario plantea desafíos significativos para el sistema de salud argentino, exponiendo la necesidad de abordar de manera integral la problemática de los costos y la accesibilidad. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
