El CPE repuso en sus cargos a los directivos de la EPP 90 y envió el sumario al archivo. Todo se redujo a una maniobra política artera de la anterior gestión

El 28 de agosto del 2023, tanto la Directora como la Vice Directora de la EPP 90 ubicada en calle Gotti de Río Gallegos, fueron separadas del cargo y sumariadas, sin ningún argumento acusatorio válido o situación que demostrara merecer tamaña sanción. A partir de ese momento a ninguna de las dos les permitieron ingresar a la escuela y fueron notificadas del inicio de un sumario por parte de la Directora de Nivel Primario Olga Ricci, a través de un pedido formal realizado por la Supervisora Letizia Guidetti.

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Tal como lo referimos en nuestro primer informe de fecha 06/09/23, en ningún momento los directivos sancionados fueron debidamente informados sobre los motivos por los cuales se tomaba esa medida y peor aún, no existiendo hechos graves que lo justificaran (robo, abuso, malos tratos con los niños, etc) menos aún se entendía la separación inmediata del cargo que habían aplicado, sin la posibilidad de entregar la escuela y ordenar la documentación diaria que tramita ordinariamente el establecimiento; es decir, se les negó el derecho a defensa y se vulneraron todas las garantías de la Directora y su Vice, tanto laborales como personales.

La decisión drástica y brutal tomada por la administración anterior del Consejo Provincial de Educación, a instancia de estos dos personajes mencionados al inicio del informe, elevó el índice de preocupación, angustia y reclamo de las directivos sancionados quienes lo canalizaron a través de la ADOSAC y más precisamente, del Vocal por el gremio ante el CPE, el profesor Pedro Cormak, quien se ocupó personalmente de darle seguimiento a un tema de tal injusticia, en el ámbito del CPE.

En ese momento, nadie entendía lo que había pasado. Solo podíamos determinar, a través de una entrevista con Cormack, que se trataba, claramente, de un hecho de tipo político en contra de dos docentes, mediante el armado de un ardid ilegal, autoritario y abusivo, cometido por la señora Letizia Guidetti, quien realizó “su último acto” como Supervisora en la EPP 90, entregando la notificación (mal redactada, con datos inexactos y baja o nula calidad argumental) a las docentes, blancos de sus miserias y al otro día dejó el cargo y pasó a revistar en la Junta de Clasificación en Educación, un puesto político que le dieron desde su partido, el Frente para la Victoria, al cual pertenece y validó días después cuando fue parte del armado electoral del Intendente Pablo Grasso (FPV), para quien jugó como candidata a Concejal por Río Gallegos y perdió.

Nadie paga los daños

Ocho meses pasaron las docentes separadas del cargo, en completa angustia e incertidumbre, afectando fuertemente su salud y las de sus respectivas familias. Terminada la gestión de Alicia Kirchner y con el nuevo gobierno a cargo del Consejo de Educación pero fundamentalmente, mediando el interés del Vocal Pedro Cormack y el apoyo de la ADOSAC, el Presidente del CPE Sergio Busquet ordenó revisar la instrucción sumaria y al no encontrar méritos suficientes y lógicos que justificaran nada de lo actuado hasta aquí, en contra de los directivos de la EPP 90, ordenó mandar el sumario al archivo y reponer inmediatamente en sus cargos a la Directora y a su Vice, en la escuela de la que nunca deberían haber sido desafectadas.

La profesora Ricci, ex Directora de nivel primario, dejó su cargo ante la llegada de la nueva gestión de Claudio Vidal y la señora Letizia Guidetti, tras su fracaso político, volvió a ocupar su cargo de Supervisora en la Educación provincial, sin ninguna consecuencia, hasta ahora, por su mal desempeño y abuso de poder.

Fuentes cercanas a las docentes perjudicadas, no descartan el inicio de acciones penales en contra de las dos personas involucradas en esta acción injusta e ilegal en la que incurrieron, mientras desarrollaban sus funciones en el CPE durante el gobierno anterior.

La arbitrariedad con la que actuaron y la impunidad que tuvieron para llevar a cabo esta acción claramente persecutoria, facilitada por las autoridades del Consejo Provincial de Educación cuya Presidente era Cecilia Velázquez, ha llevado a las damnificadas a estudiar minuciosamente el caso a fin de ponerlo en manos de sus abogados y que puedan iniciar una causa contra Ricci y Guidetti, por varios delitos tipificados en el Código Penal, pero  también y por sobre todo, por los daños y perjuicios ocasionado a las docentes, las que claramente y en virtud de lo que ahora se conoce, nunca debieron ser sancionadas, sumariadas y muchos menos separadas del cargo, por cuanto no existieron motivos que fundaran ciertamente, la aplicación de semejante acción punitiva y todo se ciñó a un prejuzgamiento con intencionalidad manifiesta de hacer daño, por cuestiones que aún no han sido debidamente aclaradas y que probablemente, por la magnitud del perjuicio ocasionado en las víctimas de este atropello, termine en la justicia para que las responsables paguen con su patrimonio.

No todos nos asustamos

A finales del mes de septiembre del 2023, luego que OPI ventilara públicamente este hecho de injusticia por parte de los personajes K que actuaban en Educación en ese momento y en proximidad de las elecciones municipales, donde la señora Letizia Guidetti formaba parte de la lista para concejal de Río Gallegos por el espacio de Pablo Grasso, autora material de la nefasta acción denigratoria y persecutoria contra sus colegas a cargo de la EPP 90, en OPI recibimos una Carta Documento de la Supervisora Guidetti en la cual la funcionaria intentaba censurar nuestro medio, ponernos una mordaza bajo amenazas y advertencias que, obviamente, no solo desoímos de manera tajante, sino que lo expresamos por escrito en un informe donde, inclusive, analizamos la deficitaria estructura legal de la comunicación, sus errores de sintaxis y escasos o nulos conocimiento de la ley en materia de medios y libertad de prensa y expresión.

Hoy, en esta nueva gestión del CPE, la señora Guidetti, de acuerdo a lo que pudimos saber, sigue cumpliendo funciones de Supervisora en el área de Educación; y seguramente, en las elecciones próximas a las cuales estaremos muy atentos, aparecerá colada en alguna lista del Frente para la Victoria, un paso obligado de la militancia rentada que busca el nicho de la política para jubilarse con la mayor categoría en la provincia y hacerse de una beca que le asegure el futuro, porque quienes los convocan (en este caso Grasso u otro candidato del FPV) no le preguntan si sirve para algo bueno, solo evalúan el grado de obediencia que puedan tener para cumplir objetivos tan bajos, como el de separar del cargo y sumariar a dos colegas, sin causa y sin otro motivo que utilizar el poder que les otorgan para aleccionar, manipular y someter desde su función, a quienes no comulgan con sus ideas políticas, su soberbia y/o sus más bajas intenciones. (Agencia OPI Santa Cruz)