En el marco del 49° aniversario del golpe militar de 1976, el Gobierno Nacional, bajo la presidencia de Javier Milei, anunció la desclasificación de todos los archivos relacionados con el accionar de las fuerzas armadas durante la Dictadura. Esta decisión incluye documentos vinculados al período de 1976 a 1983, así como aquellos producidos posteriormente pero relacionados con las acciones de las fuerzas armadas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que esta información pasará de la órbita de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) al Archivo General de la Nación, donde se conservará y podrá ser consultada históricamente.
Adorni destacó que durante décadas los archivos de la SIDE estuvieron en la oscuridad, accesibles solo a los gobiernos de turno, y que esta medida busca transparentar esa información y evitar que sea utilizada como “botín de guerra” político. “Ahora estarán al servicio de la memoria, no de la manipulación política”, subrayó. Aunque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había dispuesto la desclasificación de información en 2010, Adorni señaló que nunca se implementó completamente.
En un giro significativo, el Gobierno Nacional también anunció que buscará declarar el asesinato de la familia del capitán Humberto Viola, perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), como un crimen de lesa humanidad. En 2008, la justicia argentina había rechazado la calificación de este asesinato como crimen de lesa humanidad, pero bajo la administración de Milei, se ha decidido presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que reconsidere la cuestión.
Adorni señaló que, a diferencia de lo que ocurrió bajo los gobiernos anteriores, el Ejecutivo actual ha entablado un diálogo con la familia de Viola, logrando un acuerdo histórico para reconocer este crimen como un delito de lesa humanidad. Además, se enviará un proyecto de ley al Congreso para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de estos delitos.
En paralelo a estos anuncios, se ha dado a conocer que, desde diciembre de 2023, la planta de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos ha disminuido en un 60%, pasando de 1005 a solo 400 empleados. También, el Ministerio de Justicia cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), la cual se encargaba de investigar la desaparición de menores durante la dictadura.
Mientras tanto, los sectores de izquierda y el kirchnerismo alistan sus movilizaciones por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La marcha, que concluirá en Plaza de Mayo, se realiza en un contexto de fuertes tensiones políticas y sociales, donde se evidencian diferentes visiones sobre el período dictatorial y el tratamiento de su legado.
El anuncio se complementa con un video emitido por la Casa Rosada, en el que aparece Agustín Laje, escritor y director de la Fundación El Faro, quien ha cuestionado la cifra de 30.000 desaparecidos y ha criticado al kirchnerismo por lo que considera un aprovechamiento político de los derechos humanos. Según Laje, el relato histórico sobre la dictadura fue creado para sostener proyectos políticos como el kirchnerismo y para obtener beneficios económicos a costa de la memoria colectiva del pueblo argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)