(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno provincial tiene absoluta necesidad de dar buenas noticias. El problema petrolero que produjo la salida de YPF, el traspaso de las áreas y la desocupación generada, debe ser aliviada por noticias positivas y especialmente, vinculadas al petróleo pero (y fundamentalmente más impactante) como el gobierno tiene poca credibilidad pública buscó la participación de YPF que brindó su apoyo para elucubrar una verdad a media o lo que es igual, una mentira, como la publicada ayer por la Agencia de Comunicación gubernamental.
Sanata I: YPF empresa bondadosa
La nota del gobierno comienza con un título indefinido, dice “Preacuerdo con YPF por los pasivos ambientales”. Eso significa que entre gobierno e YPF no hay nada más que una conversación; la intención de llevar a cabo un acuerdo para el cual no se establecen tiempo, plazo ni lugar. De hecho, la palabra “preacuerdo” se define como un acuerdo previo que debe ser ultimado o ratificado, es decir, convalidado a futuro.
Si quisiéramos dar un ejemplo de lo que significa un “preacuerdo”, es como si por capital, intereses, etc le debemos 10 millones de pesos a un banco y le prometemos al Gerente de Crédito que le vamos a pagar nuestra deuda, solo que el banco nos va a exigir una fecha para el inicio de ese pago, en el caso del gobierno e YPF, no hay fecha prevista.
En la práctica no existe nada más que una conversación de que en algún momento podría coronarse un acuerdo, que (en base al parte oficial) el Ministro de Energía y Minería Jaime Álvarez hablando del pasivo ambiental e YPF remarcó “se llegó a un preacuerdo a través del cual YPF, primero, los va a absorber (¿?) y en segundo lugar, se hace responsable del saneamiento de los mismos”.
Analicemos:
La aclaración de Álvarez es tan inexacta como obvia. Ahora que YPF está de salida, el gobierno anuncia que la petrolera “va a absorber” (no dice qué, pero se supone el pasivo ambiental), como si le hiciera un favor a Santa Cruz y agrega que (YPF) “se hace responsable del saneamiento de los mismos”; en realidad YPF es el responsable, dado que ha sido una obligación incumplida por la petrolera desde hace 70 años en Santa Cruz con la complicidad de los sucesivos gobiernos.
Sanata II: la universidad, costos y tiempo
Álvarez expresó: “ante todo se va a contratar una universidad nacional de reconocida trayectoria, seriedad y capacidad técnica para que en un plazo de 180 días haga un relevamiento completo de los pasivos ambientales que va a abarcar las ocho décadas de trabajo que desarrolló YPF en el norte santacruceño”.
“Cuando esté listo ese informe -agregó- YPF va presentar un plan de trabajo para sanear la totalidad de los pasivos”.
Analicemos:
La información es incompleta intencionalmente. El Ministro anuncia con bombos y platillos que (supuestamente) YPF va a contratar una “Universidad prestigiosa”. El anuncio es muy atractivo pero no dice cuál va a ser la universidad que lo hará, qué capacidad técnica tiene, qué universidad es creíble en relevamiento de pasivos ambientales y no habla de lo que costará. Cabe aclarar que este relevamiento ya se hizo en Santa Cruz durante la gobernación de Daniel Peralta, de acuerdo a la documentación obrante en el propio Ministerio y la inversión de entonces era de 2.300 millones de dólares.
No hace mención, por ejemplo, al ITBA (Instituto Tecnológico Buenos Aires), lo más serio en la industria del petróleo o bien la idea de solicitar la intervención de una consultora internacional, especializada en estos complicados estudios de los pasivos ambientales, que el presidente de YPF conoce muy bien.
Las fuentes consultadas señalan que el trabajo de campo y los análisis que deben hacerse para establecer estos pasivos ambientales son, no solo complicados, sino muy costosos e insumen mucho tiempo. No es una cuestión de nombre de una universidad, sino de experiencia e idoneidad para cumplir una misión de este tipo.
Dato mata relato
La cantidad de perforaciones que tiene registrados YPF en las concesiones al día de hoy son 13.454 pozos, según los datos oficiales.
De éstos, los abandonados son 2.738 pozos. De esos hay que revisar en qué condición fueron abandonados. Porque generalmente (y ya lo explicamos en otro de nuestros informes) se marca como “abandonado” un pozo al que se le retira “la cabeza de pozo”, se corta el caño y se cementa la boca al exterior, pero la degradación y contaminantes, permanecen en el subsuelo.
Se debe corroborar si se ha levantado la línea de conducción de ese pozo a la batería o al colector intermedio, si por allí pasaba un oleoducto y también hay que sanear los caminos laterales, los tendidos eléctricos etc; es decir, como primera medida el relevamiento debe establecer si lo que se hizo está bien hecho y las fuentes técnicas consultadas de la propia YPF dan fe de que todo, en zona norte, está mal hecho.
De la misma cantidad de pozos (más de 13 mil) hay que revisar las piletas de inyección, porque la mayoría se taparon precariamente. A esas piletas, indican los ingenieros, hay que tomarle cinco o seis muestras testigos para ver las condiciones en las que se encuentra el subsuelo y ver que no avance la contaminación.
Otro problema que nunca se ha relevado desde el año 2000 en adelante son los residuos en superficie, el cutting (recorte de perforación que se generan cuando se perforan los pozos), plásticos y todo lo que está en zona, tampoco ha sido saneado en relación a los pozos que están saliendo de producción.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta, son los pozos de recuperación secundaria, dado que el agua contaminada por los productos químicos, mata mucho más que el petróleo derramado.
La pregunta que nos hacemos, en base a los dichos del Ministro es ¿Todo este trabajo lo piensan hacer en 180 días? ¿O están mintiendo?. Las fuentes especializadas calcularon que es un trabajo que insume no menos de dos años de labor intensa, de campo y muy profesional, si realmente se quiere realizar con seriedad y responsabilidad ese relevamiento.
Para relevar el pasivo ambiental, se debe revisar y ver lo que está hecho (o mal hecho) hay que revisar en el campo los trabajos realizados, por ejemplo, las existencia y conduciones de las cañerías de conducción hacia las baterías o los colectores intermedios y oleoductos que están enterrados los cuales nunca se levantaron pero se sacaron las baterías, las bases de cementos etc.
Para realizar este trabajo, los técnicos deben ir relevando zona por zona y no son diez o veinte baterías las que se deben evaluar, son 150 o más, remarcan los técnicos consultados.
Factor ambiental
Otro especialista en petróleo y medio ambiente consultado, desechó el plazo de 180 días señalado por el Ministro, no solo porque es materialmente imposible hacer un estudio serio de esta magnitud en ese tiempo, como lo explicamos arriba, sino porque al estudiar el impacto en el sistema biótico se debe tener en cuenta que la correntía de los ríos, no son iguales durante todo el año, nos explicó.
“No se puede acotar el impacto que se ha ocasionado en más de 50 años, en solo 180 días, porque los otros 180 días donde hay correntías diferentes, el crecimiento de las corrientes no se está considerando ¿Y qué pasa los otros 180 días con aves, peces y mamíferos que han sido impactado por desechos petroleros el resto del año?” se preguntó la fuente y agregó “Es terrible lo que anunciaron de que en seis meses pueden hacer un estudio de este tipo. Obviamente si lo hacen van a elegir un periodo del año que más le convenga y sería vergonzosa la universidad que presente un informe al respecto, porque lo estaría haciendo de manera parcial y acotado a un periodo del año y el resto del año no estaría evaluado en función de los impactos que ocasionó y ocasiona la industria”, remarcó.
Solo para empezar
Si alguna vez el gobierno se decidiera hacer un trabajo serio respecto del pasivo ambiental, deberían partir de la base del inventario que presentó oportunamente YPF ante el IESC, el cual ya tiene serias diferencias con los relevamientos hechos alrededor del 2013 por la Subsecretaría de Medio Ambiente en los yacimientos de zona norte.
Ese inventario fue elaborado y presentado por la “Consultora JMB Ambiental” y allí a los datos del año 2012 se deberían agregar todos los pasivos descubiertos y nuevos, generados desde ese año a la fecha. Ese inventario, sin duda, debería incluir el cumplimiento de los 10 puntos expresados en la ley 3117 y la 3295 por la cual se le otorgó la concesión a YPF.
Sanata III: necesidad de dar buenas noticias
El Ministro Álvarez sostuvo que el trabajo que el Gobierno Provincial viene realizando en este tema “es para dar continuidad a la producción hidrocarburífera en Santa Cruz, dar certezas y certidumbres de continuidad a las empresas que prestan servicios en zona norte y están vinculadas al sector y por sobre todas las cosas, llevarle a las comunidades decisiones concretas de futuro”.
Éste último párrafo ni siquiera merece un análisis serio. Es simplemente un adorno dialéctico, una falacia discursiva de un funcionario que tiene poco para decir, mucho que esconder y que hizo un anuncio sin sustento fáctico (no está anclado en la realidad) porque, tal como sucede en estos casos, todo queda en anuncios de impacto que se diluyen con el tiempo, tapados mediáticamente por otras noticias y/o problemas.
El gobierno provincial, sin duda, pretende dar un panorama esperanzador a la opinión pública, pero es parte de un engaño que políticamente no le hace bien al propio gobierno, quien juega a que el tiempo cure “el olvido” de este falso compromiso asumido de remediar lo que debería haber remediado YPF hace muchos años y simplemente, se limitó a levantar sus activos e irse a Vaca Muerta, dejando para los santacruceños la mugre de 70 u 80 años de desidia y contaminación.
Pero YPF no lo logra solo. El gobierno de la provincia es cómplice, al igual que CGC, con quienes YPF ha formado “una UTE” para seguir produciendo, ahora en la cuenca austral, donde (seguramente) dentro de 20 años, habrá otro que contará más o menos lo mismo que investigamos e informamos hoy y desde hace muchos años, en OPI Santa Cruz. (Agencia OPI santa Cruz)
