(Por: Rubén Lasagno) – Con las firmas de los diputados oficialistas Fabiola Loreiro, Santiago Aberastain, José Luis Quiroga y Cristian Ojeda, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley bajo el título “Ley de Protección del Entorno Escolar y del Derecho a la Educación sin Interferencias” que en su artículo primero establece “la prohibición de realizar manifestaciones, protestas, concentraciones, uso de megáfonos, bombos, altoparlantes, o cualquier otro tipo de elemento generador de ruidos molestos en inmediaciones de cualquier establecimiento educativo público o privado de la Provincia de Santa Cruz durante los días y horarios de dictado de clases”.
Esto a provocado la reacción inmediata de la ADOSAC desde donde todas las líneas política-gremiales internas del gremio se alinearon para repudiar la iniciativa, firmada nada más y nada menos que por Fabiola Loreiro, docente, quien en la gestión de Alicia Kirchner fue asesora de la Presidente del CPE, Cecilia Velázquez y hoy como legisladora está en el bloque cuyo jefe es Fernando Españón, acusado e investigado por tres abusos sexuales y corrupción institucional.
En el artículo segundo señala que “la finalidad es preservar el entorno escolar como un espacio seguro, libre de interferencias ideológicas, políticas, sindicales o comerciales y lo circunscribe así: a) El interior del establecimiento educativo; b) El área perimetral de hasta 200 metros desde sus accesos principales e inmediaciones; c) Las rutas de ingreso y egreso utilizadas por los estudiantes; d) Las plataformas digitales oficiales de las instituciones educativas”.
Pone en manos de la policía el orden y la seguridad al establecer que “la autoridad de aplicación será el Poder Ejecutivo en articulación con el Ministerio de Seguridad y el Consejo Provincial de Educación, quienes podrán requerir el auxilio de las fuerzas de seguridad para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma”.
Prevé el apercibimiento y sanciones administrativas “para responsables escolares que incumplan sus deberes de protección; b) Multas o sanciones a personas físicas o jurídicas que interfieran de forma indebida en el entorno escolar; c) Suspensión de permisos de funcionamiento para organizaciones reincidentes”.
El gremio en alerta
ADOSAC considera que este proyecto de ley es un claro retroceso en los derechos conquistados y lejos de preservar y ordenar, entiende el gremio, tiene como objetivo silenciar y restringir la participación del pensamiento crítico en los espacios educativos y el argumento de despolitizar la educación, evitando manifestaciones públicas, lo que busca en la invisibilización y la criminalización de la lucha docente mientras que las multas, apercibimientos y la suspensión de la personería, funciona como disciplinamiento hacia el sindicato docente.
El Proyecto de Ley N° 289 que se tratará hoy en la sesión de la Cámara de Diputados, de aprobarse, marcará un antes y un después en la relación del gobierno con el sector docente, con el llamativo detalle que una docente (Loreiro) que fue parte del kirchnerismo en la gestión anterior, hoy resurge en el SER como iniciadora e impulsora de una medida que le hubiera gustado mucho implementar a Alicia Kirchner, pero lo ha logrado el actual gobernador, Claudio Vidal, quien en campaña era un férreo defensor del reclamo docente. (Agencia OPI Santa Cruz)
Digamos que la señora en cuestión avala este proyecto ridículo, no por su pasado sino por su presente del que deberá hacerse cargo.