El Senado de la Nación abrirá este miércoles a las 14 el recinto en una sesión autoconvocada por bloques opositores, con la intención de debatir una serie de proyectos clave que generan tensiones con el Gobierno de Javier Milei. La decisión de avanzar sin convocatoria formal responde al malestar generado entre legisladores de distintas bancadas por la falta de respuestas a reclamos sociales y provinciales, y se da en un clima de creciente confrontación institucional.
La vicepresidenta Victoria Villarruel fue informada del movimiento durante una reunión informal mantenida el martes con representantes de casi todas las fuerzas parlamentarias. Allí intentó postergar el avance opositor, pero no logró frenar la intención de sesionar por fuera del esquema habitual. La falta de una convocatoria formal ni plan de Labor Parlamentaria implica que el Senado deberá definir hoy mismo el orden de tratamiento de los proyectos, en función del consenso que logre cada propuesta en el recinto.
Entre los temas a tratar figuran iniciativas que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados, como el aumento del bono para jubilados, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Todos ellos fueron cuestionados por el presidente Milei, quien incluso anticipó que podría vetarlos en caso de ser aprobados. Además, los senadores impulsarán el tratamiento de proyectos promovidos por gobernadores, como el giro automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles, así como la declaración de emergencia por la situación de Bahía Blanca y un pronunciamiento institucional sobre la situación judicial de YPF.
Diversas fuentes parlamentarias confirmaron que el quórum no será un obstáculo, dado que se prevé la presencia de más de 37 senadores, el mínimo requerido para iniciar la sesión. Sin embargo, el debate podría quedar trabado si no se alcanza una mayoría suficiente para validar los dictámenes obtenidos en reuniones informales de comisión celebradas la semana pasada, en las que, según una resolución del secretario parlamentario Agustín Giustinian, se violó el reglamento del Senado.
Giustinian advirtió que los dictámenes sobre el incremento excepcional a las jubilaciones, la emergencia en discapacidad y las modificaciones a la moratoria previsional carecen de validez formal, al no haberse garantizado la debida convocatoria ni publicidad de las reuniones. Esta posición fue respaldada por precedentes institucionales, como el caso de la senadora Claudia Ledesma Abdala durante la anterior administración, quien sostuvo que cualquier orden de tratamiento fuera de la agenda oficial debe ser definido por dos tercios del cuerpo.
Las declaraciones de Giustinian generaron fuertes críticas, especialmente por parte del jefe del interbloque peronista, José Mayans, quien no descartó impulsar su remoción del cargo. También recibió cuestionamientos el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, por incumplir su promesa de abrir formalmente las comisiones, lo que aumentó el malestar entre los legisladores opositores.
Pese a las tensiones reglamentarias, si el Senado logra validar los dictámenes por mayoría simple, podrían aprobarse hoy mismo el aumento del bono jubilatorio —de 70.000 a 110.000 pesos— y la actualización de haberes en un 7,2%. En cambio, el futuro de la moratoria previsional, que venció en marzo, y algunos puntos de la emergencia en discapacidad, permanece incierto.
Por su parte, los proyectos que contemplan el reparto automático de los ATN y la coparticipación de los combustibles cuentan con amplio respaldo entre los senadores y se prevé que podrían aprobarse sin mayores dificultades. Lo mismo ocurriría con la declaración de emergencia en Bahía Blanca y el posicionamiento institucional en torno al caso YPF.
Los senadores que promovieron esta avanzada —entre ellos legisladores de Unión por la Patria, el radicalismo y el PRO— remarcaron que el Senado no puede seguir paralizado frente a demandas sociales urgentes. La sesión de hoy se presenta así como un test clave para medir las fuerzas dentro de la Cámara alta y anticipa un escenario de creciente conflictividad política entre el Congreso y el Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)