La Cámara de Diputados propinó un revés al gobierno de Javier Milei al aprobar en general un proyecto de ley que establece un nuevo esquema de financiamiento para las universidades nacionales. La iniciativa, que ahora será girada al Senado, recibió 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, lo que evidencia el amplio consenso de la oposición.
El proyecto, que tiene un panorama favorable para su sanción definitiva en la Cámara alta, se convierte en un nuevo punto de tensión para La Libertad Avanza, especialmente en un contexto de desgaste en la relación con los gobernadores dialoguistas. La iniciativa, que fue elaborada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), busca elevar el presupuesto universitario al 1% del Producto Bruto Interno (PBI).
El texto aprobado en la sesión de hoy contempla una recomposición presupuestaria para el período de mayo a diciembre de 2024 y, a partir de enero, establece una actualización bimestral de los fondos en función de la inflación. Estos recursos estarán destinados al funcionamiento de los establecimientos educativos, los hospitales universitarios, así como a las áreas de Ciencia y Técnica y actividades de Extensión Universitaria. También se incluyen partidas especiales para la creación de carreras consideradas estratégicas para el país.
En materia salarial, la propuesta exige la convocatoria a paritarias para los docentes y no docentes. Plantea, además, que el Gobierno deberá compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y el índice de inflación desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, garantizando luego una actualización bimestral que no sea inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor. Otro de los puntos clave es la incorporación, a partir de 2025, de todas las sumas no remunerativas y no bonificables a los básicos de los convenios colectivos.
Finalmente, para asegurar la transparencia y el control de los fondos, el proyecto incorpora a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que realice la fiscalización externa de las instituciones de gestión estatal. El organismo deberá remitir los informes de control y el plan de seguimiento al Congreso. (Agencia OPI Santa Cruz)