El Gobierno nacional presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una presunta “operación de inteligencia ilegal” tras la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, grabados dentro de la Casa Rosada. En paralelo, un juez del fuero Civil y Comercial ordenó el “cese inmediato” de la divulgación de ese material.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó a través de su cuenta de X que la denuncia se realizó con el propósito de investigar una supuesta “operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral“. La presentación judicial, a cargo del Ministerio de Seguridad, fue radicada en el Juzgado Federal 12.
Adorni sostuvo que las grabaciones de conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios fueron “manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”. En su publicación, el funcionario remarcó que se trató de un “ataque ilegal, planificado y dirigido” y no de una simple filtración.
Poco después, Adorni celebró la medida cautelar dictada por el juez Alejandro Patricio Maraniello, quien prohibió la publicación del material difundido el pasado 29 de agosto, señalando que la Justicia reconoció que se trata de una “violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión“.
La resolución judicial ordenó el cese de la difusión “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. El fallo, que busca frenar la polémica, dispuso que se notifique al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para asegurar su cumplimiento. La controversia se inició la semana pasada con la filtración de un breve audio en el que se escuchaba a la hermana del presidente Javier Milei, pedir “unidad” en la interna libertaria. Quienes lo difundieron advirtieron que era solo un adelanto, lo que motivó la rápida acción legal por parte del Gobierno.
Desde la Presidencia indicaron que el objetivo de la difusión de los audios de Karina Milei en el canal de streaming ‘Carnaval’ es “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales”. El Gobierno ha identificado como presuntos responsables de la maniobra a “el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial (que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente Javier Milei) y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino”.
La denuncia del Gobierno destaca “la gravedad de los hechos denunciados, consistentes en la captación, edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina de audios obtenidos mediante prácticas de espionaje ilegal”. Por ello, solicitó una “medida cautelar urgente la prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de dichos registros, y de todo otro elemento relacionado con la maniobra ilícita, en resguardo de la legalidad, la vigencia del Estado de Derecho y la transparencia de los procesos democráticos”. (Agencia OPI Santa Cruz)