(OPI TdF) – En una demostración de unidad frente a la crisis, el Gobierno de Tierra del Fuego, junto a cámaras empresariales y gremios, encendió las alarmas por la crítica situación que atraviesa la industria textil provincial, amparada por la ley 19.640. Durante una reunión clave de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) el viernes pasado, se exigió a la Nación revisar con urgencia una serie de medidas que están frenando la producción y amenazan cientos de puestos de trabajo, con el caso de la empresa Australtex S.A. como epicentro del conflicto.
La sesión, encabezada por la ministra de Producción y Ambiente provincial, Karina Fernández, reunió a todos los actores del entramado productivo, incluyendo representantes de la Aduana, la Secretaría de Industria de la Nación, la Unión Industrial Fueguina (UIF), la UOM y ASIMRA. El eje del debate fue el estado terminal del sector textil, afectado por una combinación de factores: la caída de la demanda, la apertura de importaciones, altos costos y la aplicación de criterios cada vez más restrictivos por parte del Gobierno nacional para otorgar beneficios fiscales.
El caso de Australtex expuso la gravedad del problema. Según se detalló en el encuentro, la compañía enfrenta serias dificultades para continuar produciendo debido a la negativa de la Subsecretaría de Gestión Productiva de la Nación de aceptar la acreditación de origen de ciertos productos, impidiéndole acceder a beneficios fiscales de exportación y comprometiendo su operatoria. Por esta razón, se formalizó un pedido conjunto para diferir el tratamiento de estas acreditaciones, dado que la falta de proveedores en el país hace imposible cumplir con los niveles de integración nacional requeridos.
La ministra Fernández ya había calificado estas acciones como un “golpe directo al corazón del entramado productivo fueguino”. En declaraciones recogidas por la agencia OPI Tierra del Fuego, aseguró que la decisión de quitar beneficios y exigir devoluciones genera una “asfixia financiera inmediata”. La funcionaria enmarcó la medida en una política de “apertura indiscriminada de importaciones” y la acusó de ser parte de un “ajuste planificado contra el trabajo argentino”, sentenciando que los trabajadores fueguinos no pueden ser “el costo de un experimento ideológico”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)