La petrolera Roch, uno de los operadores históricos en Tierra del Fuego, no presentó la solicitud para prorrogar las concesiones de sus tres áreas de explotación, cuyo vencimiento opera en agosto de 2026. La decisión, confirmada por el Ministerio de Energía provincial, activa el proceso de reversión de los yacimientos al Estado y profundiza la crisis del sector hidrocarburífero fueguino, sumando una capa de incertidumbre al repliegue ya anunciado por YPF. La falta de un plan de transición definido pone en alerta tanto a los sindicatos por la potencial pérdida de empleos como a la administración provincial por el riesgo sobre la continuidad operativa y las obligaciones ambientales.
La medida de Roch implica que, de no mediar una intervención política o administrativa de último momento, la firma cesará sus operaciones en las áreas Río Cullen, Las Violetas y Angostura, todas ubicadas en la estratégica Cuenca Austral. La normativa vigente establecía un plazo de un año previo al vencimiento para solicitar la extensión, un límite que la compañía deliberadamente no cumplió. Esta acción abre un complejo escenario para el gobierno provincial, que ahora debe definir quién asumirá no solo la producción de gas y petróleo, sino también los millonarios costos asociados a la remediación de pasivos ambientales, el cierre y sellado de pozos.
La salida de Roch no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una reconfiguración estructural del mapa energético de la provincia, acelerada por la reestructuración de YPF y su decisión de ceder sus activos a la flamante empresa estatal Terra Ignis Energía S.A. La decisión de Roch, cuyo principal accionista es Ricardo Omar Chacra, parece estar vinculada a serias dificultades financieras, evidenciadas en la reperfilación de su deuda a fines de 2024, una drástica reducción de inversiones y la existencia de pasivos fiscales con la propia provincia. Este cuadro de fragilidad financiera agudiza las dudas sobre si la empresa cumplirá con sus obligaciones de remediación.
En este contexto de reconfiguración forzada, la provincia enfrenta una encrucijada económica y política de gran magnitud. La potencial caída en la producción de hidrocarburos amenaza directamente los ingresos por regalías, un componente crítico para las finanzas públicas y garantía de pago del Bono TFU 2027, cuyo perfil de vencimiento fue recientemente reestructurado hasta 2030. Todas las miradas apuntan ahora a Terra Ignis Energía como la única herramienta estatal capaz de absorber estas operaciones, posiblemente en asociación con otros privados, para sostener la producción, proteger las fuentes de trabajo y evitar que el costo ambiental recaiga enteramente sobre el erario público. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
