La defensa de los ex ministros Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi intentó sin éxito apartar a los jueces del Tribunal Oral Federal 7, a cargo del juicio por el caso Cuadernos, a pocas semanas del inicio del debate. Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro argumentaron una supuesta “contaminación en la valoración de la prueba” y un “adelantamiento de opinión” por parte del tribunal, pero el planteo fue rechazado por infundado, aunque la decisión podría ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El argumento de los letrados se centró en lo ocurrido durante dos audiencias previas, en las cuales medio centenar de acusados ofrecieron una reparación integral del daño. Según la defensa de De Vido y Schiavi, en esas audiencias los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli comprometieron su imparcialidad y lesionaron garantías del debido proceso, sosteniendo que los registros fílmicos y sonoros evidenciaban una “anticipación indebida de juicios y apreciaciones sobre cuestiones que debían reservarse para el debate oral“.
El Tribunal Federal 7 rechazó “in limine” la solicitud, es decir, sin entrar en el análisis de fondo. Los magistrados señalaron que ni el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ni el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, habían formulado ofrecimientos de reparación integral del daño en el marco de ese incidente. Por lo tanto, argumentó el tribunal, no realizaron ninguna declaración que pudiera considerarse violatoria del Código Procesal Penal y los letrados no lograron explicitar cuál sería el “perjuicio real y concreto” ocasionado a sus defendidos.
Esta maniobra procesal ocurre en la antesala del juicio oral que comenzará de manera virtual el próximo 6 de noviembre. En dicho proceso, la ex presidenta Cristina Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho. La investigación abarca el presunto pago de sobornos por parte de empresarios para acceder a contratos de obra pública durante el período comprendido entre 2003 y 2015, involucrando a la mayoría de los procesados en la causa. (Agencia OPI Santa Cruz)