La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) anunció una movilización hacia la Quinta de Olivos para el próximo sábado, en reclamo de la aplicación inmediata de las leyes de Emergencia Pediátrica y Discapacidad. La protesta surge en un contexto de deterioro económico y laboral en la institución, marcado por la renuncia de 50 profesionales en los últimos dos meses, recortes presupuestarios y lo que el sindicato califica como un “empobrecimiento generalizado” del personal.
La caravana, que partirá desde el Congreso y cuenta con el apoyo de familiares de pacientes y otras organizaciones de la salud, es la respuesta a lo que la secretaria general de APyT, Norma Lezana, define como una falta de cumplimiento de las leyes por parte de la gestión del presidente Javier Milei. Lezana sostuvo que el gobierno “no escucha” y “parece no estar dispuesto a cumplir” con la legislación votada en el Congreso, calificando a la administración como “un Gobierno cruel“. La convocatoria busca sumar el apoyo de la comunidad universitaria y el colectivo de discapacidad.
A nivel institucional, el conflicto se centra en las políticas de las autoridades del Hospital Garrahan. Según la APyT, estas decisiones provocan un exceso de trabajo en cada profesional debido a los recortes y la falta de personal, situación que directamente derivó en el medio centenar de renuncias recientes. Esta dinámica es descrita por el gremio como un “vaciamiento activo” del hospital, agravado por la falta de reemplazo del personal y la ausencia de concursos para cubrir cargos.
Para enfrentar esta situación, la APyT informó la presentación de un recurso de amparo judicial. La acción legal denuncia el “empobrecimiento generalizado” y la reducción de servicios para los trabajadores, como el jardín maternal, de donde se estarían expulsando a niños de la sala de 2 años y dejando sin vacantes a bebés lactantes. Paralelamente, se acusa a la dirección de someter a las maestras a un régimen “insostenible” con “salarios de hambre, jornadas excesivas y con mucha sobre carga laboral“. Lezana también señaló un “uso abusivo y cruel” en la gestión de licencias médicas, obligando al personal enfermo a realizarse “cientos de exámenes médicos complementarios” sin respetar las indicaciones de sus propios tratantes. (Agencia OPI Santa Cruz)