(OPI TdF) – El Superior Tribunal de Justicia puso fin a la ofensiva judicial del legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) contra la reforma constitucional, al declarar inadmisible el recurso extraordinario federal con el que pretendía llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución, firmada por los jueces Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini, Javier Darío Muchnik y Edith Cristiano, deja firme una sentencia anterior y habilita de manera definitiva al Poder Ejecutivo provincial a convocar a elecciones para convencionales constituyentes, en el marco de la ley 1529.
La estrategia de Lechman, patrocinado por el abogado Fernández Pezzano, buscaba anular el proceso de reforma argumentando que los plazos legales para la convocatoria habían caducado. Su demanda original, una “Acción Meramente Declarativa”, ya había sido rechazada por el mismo tribunal el pasado 5 de agosto. En su intento de apelar a la máxima instancia judicial del país, el legislador insistió en que existía una cuestión federal y un caso de gravedad institucional, pero el Superior Tribunal desestimó de plano sus fundamentos en un contundente fallo de 16 páginas.
Los jueces fueron tajantes al calificar la apelación de Lechman como “endeble desde lo argumental”, señalando que no cumplía con los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema ni demostraba una relación “directa e inmediata” con la Constitución Nacional. El tribunal sostuvo que la disputa se centra exclusivamente en la interpretación de normas provinciales —la Constitución local y la Ley 1529—, un ámbito donde la provincia goza de plena autonomía y que no compete revisar a la justicia federal, salvo en casos de una violación manifiesta que no se acreditó.
Asimismo, el fallo refutó la acusación de Lechman sobre un supuesto “activismo judicial” del Superior Tribunal por haber otorgado previamente al Ejecutivo un nuevo plazo de 210 días para realizar la convocatoria. Los magistrados aclararon que dicha medida no fue una invasión de competencias, sino una acción necesaria para restablecer el curso de un proceso que el propio legislador había paralizado a través de una medida cautelar. Con esta decisión, la resolución no solo impone las costas del proceso a Lechman, sino que consolida la autoridad del gobierno provincial para ejecutar el mandato de la Legislatura, cerrando la puerta a nuevos intentos de judicializar el debate político sobre la reforma. (Agencia OPI Tierra del Fuego)