(OPI TdF) – La Municipalidad de Ushuaia formalizó una denuncia penal y solicitó constituirse como parte querellante ante el Juzgado de Instrucción N° 3, a raíz de la ocupación ilegal de terrenos fiscales ocurrida el pasado 17 de octubre. La presentación judicial no solo busca el desalojo, sino que vincula la toma con “intereses de otra índole, de carácter político y/o pecuniario“, destacando que los hechos ocurrieron “a una semana de las elecciones nacionales“.
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La acción fue encabezada por el secretario de Gobierno, César Molina Holguín, y el jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte. En representación del Municipio, ambos funcionarios pidieron avanzar en la investigación y aportaron pruebas recolectadas, que incluyen audios y mensajes de grupos de mensajería, para sostener la hipótesis de que la toma fue “organizada y coordinada“.
Según consta en la denuncia, las pruebas presentadas sugieren una planificación previa que incluyó el desmonte de sectores del bosque urbano y el armado de estructuras precarias. El Municipio identificó a Diego Cerroti como uno de los “principales impulsores“, adjuntando grabaciones donde presuntamente se atribuye “ser el dueño de la montaña” y menciona que “estaban calzados“, frase interpretada por las autoridades como una alusión a la tenencia de elementos de intimidación.
El núcleo de la acusación municipal reside en desvincular la toma de una necesidad habitacional genuina. El Ejecutivo subrayó que las personas identificadas durante la ocupación “no registran antecedentes en programas de atención social ni figuran en el padrón de demanda habitacional vigente“. Esta afirmación es la base que utiliza la Municipalidad para inferir que no existía una “necesidad real de vivienda” y que la acción respondió a intereses políticos o económicos, solicitando al juzgado que investigue en esa dirección.
Frente a la escasez de tierra urbana, el Municipio reafirmó que la única vía de acceso regular al suelo es a través de los programas de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, contraponiendo la vía legal a los hechos denunciados y enmarcando la acción judicial como una defensa del “patrimonio público” y la “legalidad“. (Agencia OPI Tierra del Fuego)