La tensión latente entre el rigor fiscalizador de la Nación y el proteccionismo de la alianza política-sindical de Tierra del Fuego estalló nuevamente en el seno de la Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE). En una reunión extraordinaria celebrada de manera virtual el pasado 11 de noviembre, convocada con carácter de urgencia, el bloque nacional impuso su criterio jurídico para rechazar la solicitud de la empresa textil Sueño Fueguino, impidiéndole exportar su producción al continente gozando de los beneficios fiscales de la Ley 19.640.
El Acta 641 Bis documenta la división tajante de poderes que hoy atraviesa al régimen de promoción. Bajo la presidencia de la secretaria de Industria local, Alejandra Man, se evidenció que la estrategia de resistencia planteada por el ecosistema local no alcanzó para torcer la voluntad de la Casa Rosada. Los representantes de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, Javier Cardini y Juan Ignacio Rodríguez, junto a los delegados de Hacienda, Paula Cristina Cives y Juan Marcelo Puccio, y la administradora de la Aduana de Río Grande, Sandra Pagnussat, votaron en bloque por la negativa. Su argumento fue técnico y lapidario: tras el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, recobra plena vigencia la Resolución 288/24, la cual mantiene a la firma expresamente excluida de las prerrogativas del régimen.
Del otro lado del mostrador, la defensa corporativa intentó sostener la operatividad de la empresa apelando a los tiempos procesales y garantías. La ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, alineó al Ejecutivo provincial con la postura de la Unión Industrial Fueguina (UIF), representada por Ramiro Caballero, y la UOM Río Grande, liderada por Oscar Martínez. Este frente local argumentó que la medida cautelar que amparaba a la empresa estuvo vigente hasta el 7 de noviembre, lo que, según su interpretación, debería permitir la salida de la producción manufacturada hasta esa fecha.
La postura de la UOM y la UIF revela la dinámica de supervivencia que impera en el parque industrial: la defensa a ultranza de los “derechos adquiridos” hasta el último minuto legal posible. Martínez sostuvo que Sueño Fueguino conserva sus beneficios hasta que exista una notificación formal de la situación judicial, mientras que la cámara patronal sugirió exportar “con garantía“. Sin embargo, la mayoría impuesta por los funcionarios nacionales desarticuló estas maniobras dilatorias, dejando en claro que, para la administración central, la vigencia de la Resolución 288/24 no está sujeta a interpretaciones de conveniencia local. (Agencia OPI Tierra del Fuego)