Estados Unidos escaló su presencia militar en la región con el anuncio de la Operación Lanza del Sur, una nueva fase ofensiva confirmada por el secretario de Defensa Pete Hegseth tras el arribo del portaaviones Gerald Ford al Caribe. La maniobra responde a una orden directa del presidente Donald Trump bajo la premisa de defender la seguridad interna y expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental, al cual la administración define como su vecindad estratégica. La llegada del buque de guerra más grande del mundo, junto a su flotilla de escolta, amplía considerablemente las alternativas bélicas y de bloqueo de Washington, sumándose a los seis navíos que ya operaban en el Caribe y uno en el Pacífico para consolidar el cerco marítimo.
La justificación política del despliegue se centra en la deslegitimación del gobierno de Venezuela, calificado por el secretario de Estado Marco Rubio como una organización de narcotráfico que ha cooptado el poder estatal. Tras la cumbre del G7 en Canadá, el funcionario estadounidense advirtió que la operación es de naturaleza antidrogas y condicionó la estabilidad de la zona al cese del envío de estupefacientes por parte del régimen de Caracas. Esta postura diplomática busca validar la presión militar como una herramienta de seguridad hemisférica, trasladando la responsabilidad de cualquier confrontación a la continuidad de las actividades ilícitas detectadas por la inteligencia norteamericana.
A pesar de que el presidente Trump declaró en una entrevista televisiva que no tiene intenciones de iniciar una guerra formal, aseguró que los días de Nicolás Maduro en el poder están contados. La estrategia de la Casa Blanca no se limita al control marítimo, ya que el mandatario señaló la preparación de ataques terrestres y sugirió que la CIA podría estar operando activamente en la región. Estas declaraciones elevan el perfil del conflicto, pasando de la interdicción de cargamentos a una amenaza directa sobre la estructura política y territorial de los actores señalados como objetivos por el Departamento de Defensa.
El impacto de estas operaciones ya registra consecuencias letales en las rutas marítimas controladas. Según datos relevados, una veintena de ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas han dejado un saldo mínimo de 76 muertos hasta el momento. Analistas en Washington destacan que la integración del grupo de ataque del Gerald Ford a la fuerza naval existente modifica la correlación de fuerzas, permitiendo a Estados Unidos ejecutar una proyección de poder sin precedentes recientes en el Caribe, mientras se intensifica la vigilancia y la capacidad de fuego contra los objetivos identificados en esta nueva etapa del conflicto. (Agencia OPI Santa Cruz)