El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego elevó a la Legislatura un proyecto de Régimen Especial de Presentación Espontánea y Regularización de Deudas, un mecanismo de blanqueo fiscal que apunta a recuperar obligaciones tributarias vencidas al 31 de agosto de 2025. Esta iniciativa, que abarca todos los tributos bajo la órbita de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), se formalizó apenas 48 horas después de que el bloque La Libertad Avanza (LLA) presentará un proyecto similar, lo que expone una disputa política por el control de la agenda económica y la gestión de la deuda en la provincia.
El régimen propuesto por el Ejecutivo ofrece sustanciales beneficios de remisión de intereses resarcitorios, moratorios y punitorios, diferenciando las escalas según la capacidad contributiva. Para los pequeños contribuyentes (base imponible anual de hasta $2.000 millones), la remisión máxima alcanza el 100% en un pago de contado, con planes de hasta 60 cuotas. Los grandes contribuyentes, en cambio, acceden a una remisión máxima del 50% y solo pueden optar a 36 cuotas, reflejando una política de selectividad fiscal. Ambos grupos tendrán un interés de financiación máximo del 2,50% mensual.
La adhesión al plan exige un allanamiento incondicional por parte de los deudores y la renuncia a cualquier acción administrativa o judicial sobre los montos adeudados, incluyendo el pago de costas y gastos en caso de ejecuciones fiscales. Sin embargo, el proyecto del Ejecutivo es más restrictivo que el de LLA en cuanto al alcance: excluye expresamente las retenciones y percepciones que no fueron ingresadas al fisco, las multas por defraudación y las multas por mora cuando el impuesto principal ya fue saldado. Estas exclusiones, que buscan proteger los fondos retenidos de terceros, son un punto central de la diferencia con la propuesta de LLA que sí incluía las retenciones y percepciones no ingresadas.
La competencia de iniciativas ha cristalizado las diferencias ideológicas y de gestión entre el Ejecutivo y el bloque de LLA, este último impulsado por las Cámaras de Comercio y de la Madera. Las divergencias no son solo temporales (el proyecto de LLA incluye deudas hasta el 31 de octubre de 2025), sino que impactan directamente en el costo financiero para el contribuyente: LLA propone hasta 84 cuotas para los pequeños y 48 para los grandes, mientras el Ejecutivo fija topes de 60 y 36 cuotas, respectivamente. Asimismo, el régimen del Ejecutivo es más estricto en su caducidad, perdiéndose los beneficios con tan solo tres cuotas impagas, a diferencia de las cuatro permitidas por LLA, lo que añade mayor rigurosidad al control de AREF sobre el cumplimiento de los planes de pago. (Agencia OPI Tierra del Fuego)