(OPI TdF) – El Gobernador Gustavo Melella oficializó, mediante el Decreto 2705/25, la ingeniería legal que permite a YPF abandonar sus operaciones en los yacimientos convencionales de la isla, transfiriendo la “papa caliente” de la explotación madura a la estatal Terra Ignis Energía SA. La maniobra, publicada en el Boletín Oficial del 4 de diciembre, no solo cede las áreas Lago Fuego, Tierra del Fuego y Los Chorrillos, sino que incluye una cláusula llave: una prórroga automática de 10 años en las concesiones, extendiendo el control de la firma provincial sobre estos recursos hasta el 2037, sujeto a la ratificación de la Legislatura.
La operación responde a la estrategia nacional de YPF, conducida por su CEO Horacio Marín, de desprenderse de activos en cuencas maduras para concentrar capital en Vaca Muerta. Sin embargo, la letra chica del acuerdo firmado el 10 de noviembre y ratificado ahora por Melella y el ministro de Economía, Francisco Devita, revela el costo político y administrativo que asume la provincia. En el artículo 4 del decreto, se establece que Tierra del Fuego “renuncia a efectuar reclamos de cualquier naturaleza contra YPF” vinculados a su rol de concesionario, con la única excepción de ciertos activos y abandonos excluidos. En la práctica, esto funciona como un seguro de salida para la petrolera nacional, que deja la jurisdicción con un riesgo legal minimizado.
El Ejecutivo justifica la urgencia de la medida ante el “cese abrupto de la actividad” planteado por YPF y el riesgo crítico que esto implica para la Planta San Sebastián, infraestructura vital para el procesamiento de gas natural, propano y butano que abastece a la población local. Bajo el argumento de “asegurar la paz social” y revertir la declinación de reservas mediante nuevas tecnologías, el Gobierno provincial apuesta a que Terra Ignis pueda reactivar pozos que YPF ya no consideraba rentables.
El paquete ahora se encuentra en la Legislatura, que deberá validar no solo la cesión amparada en el artículo 72 de la Ley Nacional 17.319, sino la extensión de los plazos. Las concesiones originales, que vencían entre 2026 y 2027, pasarán a tener nuevas fechas de caducidad: 18 de abril de 2036 para Los Chorrillos, y noviembre de 2037 para Lago Fuego y el área Tierra del Fuego. Los legisladores tienen en sus manos la responsabilidad de aprobar un acuerdo que convierte al Estado fueguino en el garante último de la continuidad laboral y productiva en la cuenca, asumiendo el control total de una infraestructura envejecida que requiere inyección de capital intensivo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)