(Por: Rubén Lasagno) – Todos y cada uno de los gobiernos nacionales tienen la misma tendencia: abrir el ingreso de capitales de cualquier origen. Debemos recordar cuando Carlos Menem asumió en 1989 dijo públicamente “Vamos a abrir las fronteras a los capitales de cualquier color y procedencia”; pero no fue el único. Los blanqueos de capitales han sido y son una acción recurrente de cada gobierno nacional desde el nacimiento de la democracia para acá.
Desde la perspectiva del contribuyente cumplidor, la recurrencia sistemática de blanqueos, moratorias y planes de pago excepcionales genera un profundo impacto negativo y desde la administración pública y la política fiscal, esta dinámica se traduce en un sentimiento generalizado de castigo a la formalidad.
Argentina tiene una larga tradición de lo que técnicamente se denominan Regímenes de Exteriorización de Capitales, comúnmente llamados “blanqueos“. Estos instrumentos han sido utilizados por todas las administraciones para engrosar las reservas del Banco Central o financiar déficits, ofreciendo amnistías fiscales a cambio de una penalidad baja o inexistentes y así se han beneficiado delincuentes de primera línea que todos conocemos.
Cuando analizo el discurso político alrededor de los blanqueos de capitales que revisé desde el gobierno de Alfonsín al de Milei, se revela un patrón fascinante: ningún gobierno utiliza la palabra “blanqueo” o “amnistía”, todos recurren a eufemismos técnicos y a una narrativa épica o de necesidad nacional para justificar por qué deciden perdonar a los evasores.
El resumen histórico que pude hacer de todos y cada uno de los gobiernos argentinos que implementaron esta modalidad de captación de fondos de cualquier medio (lícito o ilícito) y el nombre o tpitulo que le pusieron, es la siguiente:
Raúl Alfonsín (1987) lo nombró Régimen de Normalización Tributaria (Ley 23.495).
Carlos Menem (1992 – U$S 2.700 millones) lo mencionó como Régimen de Exteriorización de tenencias de moneda extranjera (Ley 24.073).
Cristina Fernández de Kirchner (2008 y 2013 – Blanqueo 2008 (Ley 26.476) – U$S 4.380 millones) mencionado como“Acuerdo del Bicentenario / Repatriación de capitales. Y el Blanqueo 2013 (Ley 26.860 – CEDIN / BAADE por U$S 2.595 millones) funcionó bajo la denominación“Exteriorización voluntaria de moneda extranjera”.
Mauricio Macri (2016) lo llamó “Sinceramiento Fiscal y Reparación Histórica (Ley 27.260)” por U$S 116.800 millones.
Alberto Fernández (2021 – U$S 200 millones ) emitido bajo el título“Incentivo a la Construcción Federal Argentina (Ley 27.613)”
Javier Milei (2024 – U$S 20.000 millones) catalogado como“Régimen de Regularización de Activos” (Ley 27.743)”.
La inmoralidad institucionalizada
Cuando en otras oportunidades he criticado abiertamente esta costumbre de los gobiernos nacionales que actúan como facilitadores del blanqueo de plata negra, me encontré con algo aún peor: no solo blanquean sino que los “blanqueadores” en nuestro país no se pueden conocer por decisión del propio Estado.
Las listas de blanqueos y blanqueadores están protegidas por el Secreto Fiscal establecido en el Art. 87 de la Ley de Procedimiento Tributario. El Estado no publica quiénes ingresan a estos procedimientos oscuros y los nombres que conocemos hoy son producto exclusivamente de filtraciones periodísticas o de expedientes judiciales donde los jueces ordenaron levantar el secreto fiscal al investigar delitos precedentes (como corrupción o lavado de activos).
Es decir, que el Estado nacional juega como un protector y cómplice de aquellos delincuentes que tienen una deuda pendiente con la justicia y permite entrar a cientos de personajes lúmpenes y delincuentes, entre los que encontramos varios conocidos a lo largo de los últimos 30 años.
El ecosistema de delincuentes protegidos
En el caso del kirchnerismo, el uso de estas herramientas estuvo ligado a las moratorias impositivas (perdones de deuda y multas) para financiar expansiones empresariales y al intento de usar los blanqueos para justificar dinero físico no declarado.
Lázaro Báez (Grupo Austral). El principal contratista de obra pública de Santa Cruz y testaferro de la familia Kirchner (condenado a 12 años de prisión por “La Ruta del Dinero K”) utilizó recurrentemente las moratorias de la AFIP para empresas de su órbita (como Gotti S.A. y Palma S.A.). Estas empresas estaban acorraladas por la Justicia por evasión multimillonaria mediante el uso de facturas apócrifas (causa Viazzo). Al acogerse a las moratorias, lograron frenar las acciones penales por evasión.
Cuando el gobierno de Cristina Kirchner lanzó el Blanqueo 2013 (CEDIN/BAADE) la oposición (liderada por Elisa Carrió) denunció penalmente que la ley había sido redactada “a medida” para que Báez pudiera reingresar y blanquear los millones de dólares físicos que tenía termosellados o girados a Suiza, las investigaciones periodísticas de “La Ruta del Dinero K” acababan de estallar.
Cristóbal López y Fabián De Sousa (Grupo Indalo), fuertemente ligados al kirchnerismo cuyo caso (causa Oil Combustibles) se centró en la retención indebida del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (evadieron pagarle al Estado unos $ 8.000 millones de la época), la mecánica consistió en acogerse sistemáticamente a planes de facilidades de pago y moratorias excepcionales otorgadas por la AFIP (conducida por Ricardo Echegaray). Usaron ese dinero que no le pagaban al Estado para comprar medios de comunicación y otras empresas.
El Blanqueo de 2016 de Mauricio Macri
El blanqueo impulsado por Mauricio Macri prohibía explícitamente el ingreso de funcionarios públicos. Sin embargo, Macri firmó un polémico Decreto (N° 1206/16) que permitió que los familiares de los funcionarios sí pudieran blanquear bienes adquiridos antes de que sus parientes asumieran cargos.
En 2017, una filtración periodística (publicada por Horacio Verbitsky en Página/12) rompió el secreto fiscal y expuso a familiares presidenciales y empresarios de primera línea que tenían fortunas ocultas en el exterior (evadiendo Bienes Personales y Ganancias) y entraron al blanqueo. Entre ellos aparecieron:
Gianfranco Macri: el hermano del entonces presidente blanqueó U$S 35,5 millones (equivalentes a unos $ 622 millones de pesos en ese momento).
Nicolás Caputo: empresario de la construcción y “hermano del alma” de Mauricio Macri. (hoy en el gobierno de Milei) Blanqueó U$S 26,5 millones ($ 465 millones de pesos).
Marcelo Mindlin: dueño de Pampa Energía y Edenor, uno de los empresarios energéticos más importantes del país. Exteriorizó U$S 44 millones ($770 millones de pesos).
Alejandro Peña: primo de Marcos Peña (entonces Jefe de Gabinete) blanqueó U$S 6,2 millones.
Paolo Rocca: el CEO del Grupo Techint también figuró en las filtraciones periodísticas como uno de los grandes empresarios que aprovechó la amnistía para regularizar capitales offshore.
Oportunistas
Otros grandes nombres que blanquearon fortunas fueron, entre los más conocidos:
Susana Giménez: la conductora tuvo múltiples litigios con la AFIP por evasión a lo largo de las décadas (recordado es el caso de la compra de un auto Mercedes Benz con franquicia para discapacitados en los 90). Históricamente, sus asesores contables han aprovechado las ventanas de moratorias y blanqueos para regularizar sus posiciones patrimoniales en el exterior y cerrar frentes judiciales penales.
Diego Maradona: El entorno del fallecido astro del fútbol y numerosos representantes de jugadores de primera línea suelen ser clientes VIP de los blanqueos, regularizando cuentas en Suiza o derechos de imagen cobrados en sociedades offshore (Panama Papers demostró cómo se triangulaba este dinero evadido que luego termina entrando a los blanqueos locales).
A diferencia del blanqueo de Mauricio Macri en 2016 donde, como dijimos, una filtración periodística masiva en 2017 expuso a familiares presidenciales y grandes empresarios, en los blanqueos de Alberto Fernández y Javier Milei (hasta el momento) no se han producido filtraciones de nombres concretos ni listas de adherentes detectados.
Milei y una “ayudita” extra a los lavadores
La falta de filtraciones en la actualidad no es casual. El gobierno de Javier Milei tomó una decisión política e institucional inédita para blindar a los adherentes, anunció públicamente su intención de eliminar las bases de datos y los registros fiscales de quienes blanquearon.
A través de la reglamentación de ARCA (ex AFIP), el actual gobierno impulsó lo que denominó “Ley de Inocencia Fiscal“, un mecanismo para clausurar cualquier revisión del pasado tributario (hacia atrás) de quienes ingresaron los fondos, garantizando que el Estado que no investigue el origen de ese dinero ni guarde un registro que futuros gobiernos puedan utilizar para cobrar impuestos extraordinarios o filtrar a la prensa.
El Estado cómplice
Como se puede observar de todo el análisis realizado para lo cual se obtuvo información de los registros, disposiciones, leyes, informes periodísticos y causas judiciales, el mapa de evasores que se acogen a estos perdones no distingue ideología política; abarca desde el empresario prebendario que necesita justificar bolsos de dinero o retenciones indebidas de impuestos, hasta la élite empresarial tradicional que fuga dividendos a sociedades offshore para evitar la carga tributaria local.
Para entender cómo el dinero negro proveniente de la evasión fiscal, la corrupción o el crimen organizado termina “limpio” en un blanqueo impulsado por el Estado, es necesario desarmar la ingeniería financiera que ocurre en la clandestinidad.
La mecánica de las sociedades pantalla (o shell companies) no es un accidente, es una industria global diseñada por estudios jurídicos y contables especializados para cortar el rastro documental entre el dinero y su verdadero dueño.
La sociedad pantalla es el envase opaco que mantiene el dinero congelado y oculto en el tiempo. El blanqueo es la puerta de entrada legal que permite romper ese envase sin enfrentar las consecuencias penales por haberlo escondido en primer lugar. Sin embargo, debido precisamente a estas inmorales maniobras de los gobiernos que ofician de “cómplices desvergonzados de delincuentes de guantes blancos”, los recientes acuerdos internacionales de intercambio automático de información bancaria (como el FATCA con Estados Unidos) están obligando a cambiar estas estrategias en el mundo de las finanzaas y los gobiernos, a riesgo de quedar fueera del sistema de resguardo de la transparencia que impulsan países más desarrollados.
Concluyendo
Los blanqueos en la Argentina no son medidas inocentes y no se puede escindir de una intencionalidad aviesa de cada presidente por favorecer o dar facilidades a amigos, parientes, cuadros políticos o amigos empresarios o delincuentes asociados.
Los blanqueos en Argentina operan históricamente bajo una doble moral institucional indisoluble como la ya conocida coartada de la urgencia macroeconómica donde los gobiernos impulsan estos mecanismos por una verdadera desesperación fiscal. Necesitan dólares inmediatos para estabilizar el tipo de cambio, tapar el déficit o engrosar las reservas del Banco Central; ese es el motor principal pero no la única razón.
La “artimaña” es una omisión deliberada, pues al bajar las barreras de control de la Unidad de Información Financiera (UIF) y ofrecer amnistías penales para lograr que la medida sea exitosa, el Estado crea conscientemente una “zona liberada”.
El poder político, entonces, utiliza la excusa innegable de la “emergencia económica nacional” para justificar la apertura de una ventana sin filtros. En ese proceso, el Estado recauda las divisas que le urgen del evasor común (el empresario o ahorrista que fugó dólares por desconfianza), pero de manera premeditada, aprovecha esa misma ventana para garantizarle la impunidad y la legalización del patrimonio a sus propios funcionarios, testaferros y empresarios prebendarios.
La necesidad de recaudar funciona, en los hechos, como el vehículo perfecto para blanquear la corrupción sin pagar costos políticos, ya que todo queda camuflado bajo el paraguas de la “salvación económica” del país. (Agencia OPI Santa Cruz)
a mi me parece bien esta medida.
mi yerno gracias a esto puedo dar trabajo a mucha gente y alquilar locales que staban vacios, fue buen la medida para activar la economia.
Que Layun sea investigado por muchos temas. Es más, todos sus hijos trabajan en el estado . Pero este siniestro personaje, cagador de los Años 90, debería blanquear muchos temas incluido el sentimental