La decimotercera y última audiencia del año en la denominada “Causa Cuadernos” cerró este miércoles con tensiones procedimentales y la lectura de graves acusaciones sobre el manejo de la obra pública. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) desestimó los reclamos de las defensas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del exministro de Planificación, Julio De Vido, quienes habían solicitado más tiempo para exponer sus planteos preliminares.
El tribunal, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, ratificó su decisión de otorgar un máximo de 45 minutos por defensa para presentar nulidades y objeciones cuando se retome la actividad, tras la feria judicial de verano. El objetivo de los magistrados es ordenar un debate que se anticipa extenso y complejo, fijando la fecha de reanudación para el próximo 3 de febrero de 2026.
Corredores Viales: El foco de la acusación
Durante la jornada, el eje central fue la lectura del requerimiento de elevación a juicio del tramo conocido como “Corredores Viales”. En este segmento, que involucra a diez imputados (aunque no incluye en esta instancia específica a la ex Vicepresidenta), el fiscal Carlos Stornelli describió una asociación ilícita operativa entre 2003 y 2015.
Según la fiscalía, el esquema tenía como fin la recaudación de fondos ilegales mediante el cobro de sobornos a empresas concesionarias de peajes y rutas. En este punto, la acusación recae pesadamente sobre Julio De Vido, señalado como coautor de cohecho pasivo (recibir coimas). La maniobra, según la imputación, se instrumentaba a través de Claudio Uberti, entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), quien habría sido el encargado material de exigir y recolectar los pagos.
La mecánica del “retorno”
La lectura de la acusación, que se extendió por más de cuatro horas, detalló un sistema donde las empresas pagaban para asegurar la continuidad de sus contratos, evitar multas y garantizarse el flujo de fondos de los fideicomisos estatales.
Entre los empresarios señalados por la fiscalía figuran directivos de firmas como COARCO, EQUIMAC y HOMAQ. Según el Ministerio Público, los pagos se realizaban de forma periódica, en efectivo y, en muchos casos, bajo presión.
Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), en su rol de querellante, reforzó la hipótesis de una “corrupción estructural”. El organismo antilavado sostuvo que existían sistemas de recaudación paralelos —abarcando obra pública, energía y transporte— que funcionaban bajo una misma lógica delictiva, coordinada desde las máximas esferas del Ministerio de Planificación Federal.
Lo que viene
Antes de dar por finalizado el año judicial, se escucharon los descargos. La defensa de De Vido negó categóricamente haber liderado una organización criminal, mientras que varios empresarios ratificaron sus dichos como “arrepentidos”, alegando haber sido víctimas de extorsión estatal.
El juicio entra ahora en pausa hasta febrero de 2026, momento en que las defensas deberán ajustarse a los tiempos estrictos impuestos por el Tribunal para intentar impugnar las pruebas antes de que comience la etapa de declaraciones testimoniales. (Agencia OPI Santa Cruz)