El presidente de Colombia Gustavo Petro formalizó mediante decreto un incremento del 23,7 por ciento en el salario mínimo y vital para el ciclo fiscal 2026 una medida que el Ejecutivo califica como histórica y que fija el haber básico en 2 millones de pesos mensuales incluyendo el auxilio de transporte. Esta decisión unilateral establece un piso de ingresos equivalente a unos 530 dólares y busca según la retórica oficial garantizar que la fuerza laboral pueda vivir con dignidad en lugar de limitarse a la supervivencia en un contexto económico que demandaba definiciones urgentes para el inicio del nuevo año.
La determinación gubernamental surge como consecuencia directa del fracaso en las mesas de negociación donde no se logró un consenso técnico entre las partes involucradas. Las posturas se mantuvieron irreconciliables con las centrales obreras solicitando una actualización del 16 por ciento y el sector empresarial limitando su oferta a un austero 7,2 por ciento cifras que quedaron muy por debajo del aumento final decretado por la presidencia tras la imposibilidad de articular un acuerdo tripartito que equilibrara las demandas sociales con la capacidad de pago del sector privado.
Desde la administración central se defiende la magnitud del ajuste argumentando que según sus estadísticas el fortalecimiento del salario no ha derivado en destrucción de empleo ni en presiones inflacionarias durante su gestión sino que ha operado como un dinamizador del consumo interno y la reducción de la desocupación. En contraposición el sector privado ha emitido advertencias sobre los desafíos financieros que este nivel de incremento impondrá sobre la estructura de costos operativos especialmente para las pequeñas y medianas empresas que deberán absorber el impacto de la nueva escala salarial sin medidas compensatorias claras.
La normativa entra en vigencia este 1 de enero de 2026 y tendrá un alcance directo sobre 2,4 millones de empleados formales distribuidos en todo el territorio colombiano. Mientras los sectores gremiales y populares han recibido la noticia como una reivindicación de sus derechos laborales el escenario económico se prepara para asimilar un cambio sustancial en las reglas de juego impuestas por el decreto presidencial ante la falta de concertación entre los actores fundamentales de la producción y el trabajo. (Agencia OPI Santa Cruz)