Tras haber asegurado el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno nacional prepara el terreno para un febrero legislativo intenso. Según pudo saberse, se prevé un segundo llamado a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero. Para las provincias patagónicas como Santa Cruz, esta agenda no es menor: se debatirán cambios estructurales en la explotación de recursos naturales y una reforma laboral que modificará la relación entre empleados y empresas.
La lupa regional debe posarse sobre la modificación a la Ley de Glaciares. El proyecto, que ya cuenta con dictamen favorable en el Senado, busca descentralizar el control ambiental. En la práctica, esto significa reconocer el dominio originario de las provincias sobre sus recursos, tal como lo establece la Constitución. El cambio clave radica en liberar las zonas periglaciares (suelos congelados de alta montaña) para la explotación minera e hidrocarburífera, manteniendo la protección solo sobre los glaciares propiamente dichos. Esto apunta a destrabar inversiones mineras, un sector crítico para la economía santacruceña.
En paralelo, la Reforma Laboral se perfila como la gran apuesta del oficialismo para inicios de 2026, con fecha tentativa de sesión para el 10 de febrero. Bajo la premisa de “modernización”, la iniciativa busca reducir costos y litigios. Para el trabajador, los cambios son drásticos: se propone que las indemnizaciones por despido sean menores, al excluir del cálculo el aguinaldo, vacaciones y bonos. Además, se busca priorizar los convenios por empresa sobre los de actividad, lo que restaría poder de negociación a los grandes sindicatos nacionales.
Otro punto que generará debate en los gremios locales es la eliminación de la cuota solidaria obligatoria; el proyecto establece que el aporte al sindicato deberá contar con el consentimiento expreso del empleado. Asimismo, se plantea un sistema de “banco de horas” y el fin de la ultraactividad, es decir, que los convenios colectivos no mantendrán su vigencia automáticamente si se vencen los plazos sin un nuevo acuerdo.
En el plano económico, se insistirá con la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal, conocida como la “regla fiscal”. Esta norma busca sancionar a funcionarios que gasten más de lo que ingresa, institucionalizando el “déficit cero”. Sin embargo, el análisis de los datos muestra una contradicción en la gestión: mientras se aplica un ajuste severo en áreas como salud y universidades, el Estado ha reducido voluntariamente sus ingresos bajando impuestos a Bienes Personales y a grandes empresas. Finalmente, la reforma integral del Código Penal, que endurece penas y baja la edad de imputabilidad, sigue en carpeta pero requerirá más tiempo de debate. (Agencia OPI Santa Cruz)