Mientras el debate público se centra en el ajuste nacional sobre la educación y la eliminación del piso del 6% del PBI —medida avalada en el Congreso por los legisladores del partido SER—, en Santa Cruz se replica una dinámica idéntica de achicamiento estatal que ha pasado desapercibida. El Presupuesto Provincial aprobado recientemente confirma un ajuste técnico y político sobre la cartera educativa, incumpliendo abiertamente la Ley Provincial de Educación N° 3305, que exige un piso de inversión del 25% de los recursos generales. Lejos de compensar la caída de fondos nacionales como el FONID o los aportes al INET, las cuentas provinciales consolidan la desinversión.
El análisis de los números fríos expone la maniobra: los 685.000 millones de pesos asignados al Consejo Provincial de Educación (CPE) representan apenas el 21,11% del presupuesto total. Incluso si se aplica una ingeniería financiera para restar la porción financiada con endeudamiento, la cifra asciende al 23,58%, manteniéndose por debajo del umbral legal obligatorio. Para camuflar este incumplimiento, la Ley de Presupuesto introduce en su Artículo 33 pautas confusas sobre la aplicación de los porcentajes, un tecnicismo diseñado para ocultar que la meta del 25% no se alcanza.
La gravedad institucional escala al observar el rol del Consejo Provincial de Educación, descrito como una entidad “pintada” que ha renunciado a sus facultades de control. El organismo incumple sistemáticamente el Artículo 191 Inciso J de la Ley 3305, que le obliga a tratar el presupuesto en su seno, y viola el Artículo 210 al no informar detallada y públicamente la ejecución de los gastos. Esta opacidad permite situaciones como la ocurrida en 2025: se aprobaron 1.800 millones de pesos para becas, de los cuales no se ejecutó ni un solo peso, dejando los fondos en un limbo administrativo mientras las necesidades estudiantiles crecían.
El escenario político revela una complicidad transversal. El presupuesto de ajuste fue aprobado con el voto de la mayoría de la oposición en la Legislatura provincial, incluyendo a diputados de extracción docente que avalaron el recorte para 2025 y 2026 sin denunciarlo. La contradicción del discurso oficial queda expuesta en la asignación de recursos: mientras se ajusta en las aulas y se ignora el salario docente, se votó una “partida especial” para pagar sueldos a jueces del Tribunal Superior que ni siquiera ejercen sus funciones. La máxima de campaña del gobernador Claudio Vidal, “Primero la educación“, contrasta con una realidad financiera donde los edificios escolares y los salarios dignos pierden prioridad frente a los acuerdos de la política y la justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)