(Por: Rubén Lasagno) – Vamos a aclarar algo de entrada: no somos antimineros, no respondemos a la lógica de la oposición a los sistemas extractivos (minería, petróleo, gas etc) y entendemos la necesidad en la que se sustenta la vida moderna sobre el uso y desarrollo tecnológico y si bien genera severos impactos a nivel local, es la base material invisible e insustituible que sostiene la civilización moderna. Prácticamente todo lo que nos rodea, nos conecta, nos comunica o nos transporta, depende de los metales extraídos de la tierra.
La discusión de fondo, en el siglo XXI y frente a la evidencia actual, rara vez es un binarismo ingenuo de “minería sí o minería no“, ese es un reduccionismo estúpido. Apagar la minería equivaldría a apagar la civilización moderna.
El verdadero debate, el más tenso y urgente – especialmente en provincias de matriz extractiva como Santa Cruz, gira estrictamente en torno al “cómo se hace”, “quién se queda con la renta” y “quién asume los costos reales a largo plazo”.
El cuestionamiento profundo, entonces, no es a la actividad industrial en sí, sino al modelo político, económico e institucional que la rodea.
Santa Cruz el (mal) ejemplo de lo que no debe ser
Nuestra provincia no es pobre a pesar de la minería, sino que su empobrecimiento es consecuencia directa de este modelo extractivo específico que se desarrolla en Santa Cruz desde hace años y la corrupción imperante. Es un sistema diseñado para exportar la riqueza bruta y socializar los costos ambientales y sociales (se llevan todo los recursos no renovables y dejan el pasivo que lo pague la gente).
Santa Cruz es un caso de manual de lo que en economía política se conoce como la “Paradoja de la Abundancia“ la cual establece que países o regiones ricas en recursos naturales (petróleo, minerales, etc.) tienden a tener un menor crecimiento económico, menos democracia y peores resultados de desarrollo que aquellos con menos recursos. Esto sucede porque se genera dependencia económica, alta volatilidad de ingresos y corrupción sistematizada.
Si nos tomáramos el trabajo de hacer un repaso histórico de los funcionarios del área de Energía y Minería (Ministerio, Fomicruz etc) de los últimos 20 años en la provincia y estableciéramos un comparativo de con qué patrimonio ingresaron a la función pública y con qué patrimonio terminaron, sin duda encontraríamos la matriz del modelo de corrupción en el que se asienta la producción minera/petrolera en la provincia. De hecho uno de los últimos Secretarios, quien se fue de Río Gallegos, le adjudican la compra de una estancia y bienes inmuebles en otra provincia, sobre lo cual estamos trabajando para establecer fehacientemente las pruebas que lo determinan.
A pesar de que Santa Cruz es la principal provincia exportadora de oro y plata del país (concentrada en el Macizo del Deseado) de la cual se jacta el gobierno de Vidal, los datos del INDEC de finales de 2024 y 2025 mostraron que la pobreza en Río Gallegos llegó a superar el 53%, estabilizándose trágicamente en torno a la mitad de la población.
Cuando consultamos y cruzamos las estadísticas públicas, los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), estudios del CONICET y resoluciones de la Secretaría de Estado de Minería de Santa Cruz, surge una radiografía clara de por qué ocurre este desangre económico y social que deja empresas millonarias (las mineras) funcionarios millonarios y pueblos pobres.
El modelo
La minería metalífera en Santa Cruz funciona bajo un modelo de enclave. Esto significa que la extracción de riqueza ocurre en un territorio geográfico, pero el encadenamiento productivo (donde realmente se genera el dinero) ocurre afuera. Por este motivo cuando buscan licencia social escuchamos al gobierno y a las empresas hablando de “mano de obra local”, “desarrollo productivo”, “inversiones y desarrollo industrial”. Es, en gran parte, una falacia.
Estudios sociodemográficos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y el CONICET muestran que, aunque existen leyes de “Compre local“, la gran mayoría de los insumos de alto valor (maquinaria pesada, cianuro, tecnología, ingeniería especializada) no se producen en la provincia.
Según la Ley de Inversiones Mineras (N° 24.196), las provincias tienen un tope del 3% para cobrar regalías sobre el valor “boca de mina” (el mineral extraído menos los costos de transporte y trituración). Es decir, la porción de la torta que tributan directamente a la provincia es minúscula en comparación con la facturación internacional que tienen las operadoras transnacionales.
Los fondos que sí ingresan (como el Fideicomiso UNIRSE, creado para que las mineras aporten un porcentaje a la provincia) terminan siendo absorbidos por el gobierno provincial para tapar déficits operativos o pagar sueldos del sector público, en lugar de reinvertirse en rutas, hospitales, redes de agua o en diversificar la matriz productiva para cuando el oro se acabe; además de todo eso hay una parte que desaparece en los bolsillos de los gobernantes.
Las ciudades cercanas a los proyectos mineros (como Puerto San Julián, Perito Moreno o Gobernador Gregores) sufren lo que un sociólogo amigo denominó el ciclo de “boom y colapso” (auge y caída).
Durante la fase de explotación, los altos sueldos de los trabajadores mineros generan una inflación brutal en los alquileres y el costo de vida local (lo mismo sucede con los petroleros). Esto empobrece a quienes no trabajan en la mina (docentes, comerciantes, empleados municipales).
La minería compite por recursos, agua y mano de obra, asfixiando actividades históricas y renovables, como la ganadería ovina o el turismo, que quedaron prácticamente abandonadas en Santa Cruz.
Un informe del 2023/2024 sobre el cierre de la mina Manantial Espejo evidenció el impacto en Gobernador Gregores: cuando la empresa agota el recurso y comienza el retiro, la localidad se queda con un desempleo masivo, una matriz económica destruida y sin otras industrias desarrolladas para absorber a esos trabajadores. Esto no lo dice el gobernador ni las mineras que tanto énfasis pusieron el día que hicieron sus discursos para entrar a la región.
La Herencia Tóxica
El punto más crítico de esta historia es qué queda cuando las operadoras se van. Los documentos oficiales y las inspecciones ambientales provinciales (muchas veces impulsadas tras denuncias sociales) revelan fallas estructurales en el control, así se menciona en los documentos pero que OPI ha investigado y publicado durante 20 años y hemos dado sobradas pruebas cómo la falta de control, es moneda corriente en la minería extractiva y el petróleo; esto tiene un nombre: corrupción.
Aunque las operadoras están obligadas a presentar Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y Planes de Cierre de Mina, las auditorías han señalado recurrentemente que los “seguros ambientales” que depositan las empresas son financieramente insuficientes para cubrir el costo real de una remediación a largo plazo.
El principal pasivo que hereda la provincia son los diques de colas (enormes piletas con restos de cianuro y metales pesados) y las escombreras, algo que en OPI abordamos en muchos informes escritos y en video. Si no se mantienen a perpetuidad, la lluvia y el viento generan “drenaje ácido de mina“, que contaminan las napas subterráneas.
La historia, tanto hidrocarburífera como minera en Santa Cruz, demuestra que cuando una empresa se declara en quiebra o simplemente finaliza su vida útil, el Registro Provincial de Pasivos Ambientales (REPROPA) engrosa su lista y es el Estado provincial (con el dinero de los contribuyentes que ya son pobres) es quien debe hacerse cargo de evitar un desastre ecológico, del cual tampoco se ocupa. Y solo basta darse una vuelta por las zonas de impacto minero de Gregores, San Julián o Perito Moreno, para darse cuenta de lo que decimos. Por lo tanto: no es cuestión de estar en contra de que la minería se haga, sino que estamos en contra de cómo se hace. (Agencia OPI Santa Cruz)
Excelente opi. El único que sigue el tema. Como los accidentes que costaron la vida de varios trabajadores, también tendríamos que saber qué pasó realmente con los robos y asaltos en las minerás. Gracias por no ensobrarse.
Concuerdo por eeso los sectores mineros y los gobiernos luchan por convencer a la genrte sobre el desarrollo de la región jajajaja desarrollo de sus bolsillos manga de transfugas
BRILLANTE NOTA ASI ES
Una constante de los pro mineros: engañar, mentir y prometer. Nunca cunmplen y localidades como Gregores están en la lona con desocupacion proque ellos necesitan “manno de obra espeicalizaDA” y eso lo traen de afuera. Aca con suerte algun morocho para albañileria que lo arreglan con la UOCRA y un par de ferreteria sque puedne vender algunas huevadas porque todo lo traen de afueera. Lo de siempre. Muy bien la nota
SEEEEEE TODOS CHORROS SE LO LLEVAN POR DOS PESOS ES COMO LA CONQUISTA DE AMERICA TE REGALAN ESPEJITOS Y SE LLEVAN EL ORO
No se olviden del polar minst…. quienren mas irregular que eso. Y OPI lo descubrió FIN