Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF, que condenó al país a pagar US$ 16.100 millones, solicitarán formalmente que se declare al Estado argentino en desacato. La presentación se realizará el próximo jueves 15 de enero ante la jueza Loretta Preska e incluirá un pedido de sanciones económicas por incumplimiento judicial.
El conflicto radica en la falta de entrega de registros de comunicación requeridos por la corte de Nueva York. Según el especialista Sebastián Maril, el reclamo se basa en el “supuesto incumplimiento del país de una orden que lo obliga a presentar los WhatsApp y servicios de mensajería similares de ciertos funcionarios públicos“.
Aunque la defensa argentina argumenta colaboración, los datos indican que el proceso está incompleto. Al día 12 de enero, todavía restan entregar los registros de 6 funcionarios que no han cumplido con el requerimiento judicial.
Defensa oficial y plazos legales
Pese a la solicitud de los demandantes, desde la Procuración del Tesoro sostienen una postura diferente. Fuentes del organismo afirmaron que “la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes“.
La estrategia oficial se centra en demostrar voluntad de pago y cooperación administrativa:
- Se realizan entregas parciales y periódicas de la información.
- Se gestiona el consentimiento de los exfuncionarios involucrados.
- La mayoría de los requeridos ha prestado colaboración voluntaria.
El calendario judicial establece que Argentina deberá presentar su escrito de defensa ante este nuevo reclamo el próximo 19 de febrero. Mientras tanto, la falta de los mensajes de los seis funcionarios restantes mantiene abierta la posibilidad de nuevas penalidades financieras sobre las cuentas públicas. (Agencia OPI Santa Cruz)
