El gobierno de Venezuela ejecutó la liberación de tres nuevos detenidos de nacionalidad española en el marco de un proceso de revisión de causas activado tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Aunque el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, calificó estas medidas como un paso positivo y confirmó que suman ocho los ciudadanos de su país liberados hasta la fecha, el escenario político en Caracas se mantiene bajo una extrema tensión institucional. La administración encargada a Delcy Rodríguez lleva adelante estas excarcelaciones bajo una supuesta revisión integral, pero el procedimiento carece de la transparencia necesaria para esclarecer la situación real del sistema penitenciario.
La disparidad en las cifras oficiales y los registros independientes expone la falta de control y la opacidad del monitoreo carcelario en el país caribeño. Mientras el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó sobre 116 excarcelaciones de personas vinculadas a hechos de alteración del orden constitucional, la Plataforma Unitaria Democrática solo pudo confirmar 73 casos y la organización Foro Penal verificó apenas 56 liberaciones. Esta brecha estadística alimenta la incertidumbre sobre el destino de la población penal, que según estimaciones de grupos de derechos humanos oscila entre 800 y 1.200 presos políticos que permanecen bajo custodia del Estado sin garantías procesales claras.
Entre los beneficiarios de las medidas destacan figuras de relevancia política y ciudadanos extranjeros cuya detención había elevado la presión diplomática sobre el chavismo. La lista de liberados incluye al excandidato presidencial Enrique Márquez, el dirigente Biagio Pilieri, la abogada Rocío San Miguel y el exdiputado Marco Bozo, además de los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burló, quienes se encuentran bajo resguardo para regresar a su país. En el caso de los españoles, la mitad posee doble nacionalidad y, según confirmó la cancillería de ese país, uno de los recientes liberados decidió permanecer en Venezuela mientras otro retornará a Europa, lo que refleja la complejidad de cada caso individual.
La situación en las inmediaciones de los centros de reclusión contradice la narrativa de normalización que intenta proyectar el oficialismo mediante estos anuncios. Decenas de familiares mantienen vigilias a la intemperie frente a cárceles como El Rodeo I, durmiendo en vehículos y colchonetas ante la ausencia total de listados oficiales que confirmen quiénes son los beneficiarios de las medidas. La angustia se profundiza por las denuncias de desapariciones forzadas que persisten en el tiempo, como el caso de Ricardo Fonseca, de quien sus allegados no tienen fe de vida desde hace seis meses, evidenciando que la crisis de derechos humanos continúa vigente pese a las excarcelaciones selectivas. (Agencia OPI Santa Cruz)